sábado, 22 de agosto de 2009

BOLIVIA: Las aymaras, muchas tareas y pocos derechos



Desde IPS Noticias, Por Franz Chávez, enviado especial

CALAMARCA, Bolivia, ago (IPS) - En los pueblos aymaras de Bolivia, las adolescentes sólo adquieren la condición plena de mujer ante su comunidad cuando demuestran una gran laboriosidad y conocimiento de tareas ancestrales. Pero esa misma condición les niega derechos, justicia y acceso al liderazgo comunitario.
Ese es el resultado de una investigación sobre la vida de las mujeres del Altiplano boliviano que retrata una realidad poco conocida, como que tienen que probar que saben compaginar la administración del hogar, la educación de los hijos, la elaboración de artesanías y el trabajo junto al hombre en la agricultura, entre otras tareas.

"Se valora mucho el carácter laborioso de las mujeres en las comunidades. Es considerada floja (perezosa) la que sólo permanece en casa cuidando la 'wawa' (el niño) y cocinando", dijo a IPS la lingüista Filomena Nina Huarcacho, que dirigió el estudio "Detrás del cristal con que se mira: Mujeres del Altiplano, órdenes normativos e interlegalidad".

El estudio, promovido por la no gubernamental Coordinadora de la Mujer, recogió testimonios en seis comunidades originarias y evidenció que el pasaje de adolescente a mujer exige también que la joven conozca de pastoreo, tejido manual, uso de hierbas medicinales y práctica de ritos y ceremonias.

La población que habla aymara en Bolivia representa 1,7 millones de los 10 millones de habitantes del país y se concentra en la región del Altiplano que se extiende en el oeste del territorio, entre las cumbres más altas de la Cordillera de los Andes.

La cultura aymara es la segunda en importancia en este país sudamericano, después de la quechua que se expande desde las zonas montañosas hasta los valles centrales y que aglutina a 2,5 millones de personas, según el censo de 2001.

"La jerarquía masculino-femenina es producto de la superioridad del varón en términos de fuerza física. Pero la otra cara de esta interpretación es que la fuerza bruta es asociada con el trabajo masculino, mientras que la capacidad laboral de las mujeres se basa en la fuerza más sutil del conocimiento, la memoria y la destreza", anotó la lingüista aymara.

Delfina Laura, una mujer de 82 años que nació en una familia quechua pero que desde hace 34 años vive dentro de la cultura aymara, contó a IPS en Calamarca, este pueblo altiplánico a 60 kilómetros al sur de La Paz y a 4.000 metros de altura, lo mucho que evolucionó la mujer aymara en los últimos años.

"Ahora las mujeres son bien despiertas, antes eran zonzas", comentó, para describir a las aymaras actuales como hábiles comerciantes de papa, "chuño" (papa deshidratada), vacas y ovejas.

"A diferencia de los hombres, que terminan gastando el dinero en alcohol, las aymaras lo cuidan y administran para comprar alimentos y multiplicar los ingresos", dijo Laura en la tienda de gaseosas, galletas y caramelos que tiene en la plaza del pueblo, después de extender un cuero de oveja con lana mullida como asiento para su huésped.

"Hoy las mujeres pueden estudiar y terminar el bachillerato y eso les da fuerza", dijo, para añadir, en el único momento que perdió la sonrisa, que ella no aprendió a leer y escribir porque sus padres la abandonaron a los cuatro años al cuidado de una abuela.

Laura perdió a su esposo y dos hijos hace 60 años y recurrió entonces a su vocación de comerciante para sobrevivir en forma independiente, recorriendo largo tiempo las ferias campesinas, donde aún predomina el intercambio de productos, hasta instalarse en Calamarca (pueblo de piedras, en aymara), con unos 2.000 habitantes.

Flavia Amaru administra un terreno familiar de hectárea y media y es experta en cultivos y cría de animales de granja. Viste polleras, manta y sombrero al estilo de las mujeres de Calamarca, pero se distingue del promedio en que tiene un título de técnica superior en agropecuaria, con una especialidad en zootecnia.

"Por mi familia, mi hogar y mis tres hijas", respondió a IPS con una triste sonrisa, al preguntarle por qué no llegó a obtener un título de ingeniería.

Amaru, esposa de un ingeniero agrónomo, prefirió no ahondar en su decisión de ceder a su marido el privilegio de ostentar el título académico superior y conformarse ella con un grado técnico, para evitar incomodidades y conflictos familiares.

Pero la mayor carga de trabajo sí le corresponde a ella, en jornadas que comienzan a las seis de la mañana, en una zona andina donde las temperaturas bajan en las madrugadas por debajo de cero grados centígrados. A ella le toca ocuparse de sus hijas, que estudian en la escuela del pueblo, de su casa, de la comida y de atender la "chacra" (finca) familiar.

En la chacra, dedicada a la producción de "plantines" (esquejes) de verduras y a la ganadería, dirige todo y trabaja más que sus tres empleados, aunque remarcó que el jefe es su marido. Sus jornadas se prolongan 15 horas y hasta 17 en época de cosecha.

Amaru admitió que de tanto esfuerzo la única recompensa para ella es "la satisfacción de una buena producción", pero explicó que "esa es la vida de la mujer, nomás".

AGUANTAR ES LA NORMA

De hecho, en las cientos de entrevistas realizadas a las mujeres aymaras por Nina Huarcacho, la palabra "aguantar" fue una de las más repetidas a la hora de resumir cuál es su obligación, según las tradiciones y normas que rigen a sus comunidades, incluso cuando lo que hay que aguantar son abusos y maltratos.

Para Amaru, la violencia es propia de "todo hogar" y descartó que, salvo excepciones, las aymaras recurran a la justicia comunitaria porque los encargados de aplicarla van a ser siempre hombres, que conocen a los maridos y se van a sentir más cerca de su posición.

El acceso a la tierra está en general vedado a las aymaras, que heredan sólo enseres y bienes muebles mientras los inmuebles corresponden al varón. Sólo cuando son hijas únicas pueden quedarse en el hogar paterno al casarse, pero será el marido el que administre la tierra de sus padres.

La nueva Constitución boliviana reconoce en el artículo 304 el ejercicio de la jurisdicción indígena y campesina para aplicar justicia y resolver conflictos dentro de la comunidad. Pero falta una ley que reglamente este principio, que debe convivir con el de la equidad de género, también consagrado en la Carta Magna.

Nina Huarcacho confirmó que las entrevistadas "dicen no conocer mucho de justicia comunitaria", también conocida como justicia ancestral, y menos aún saben cómo la justicia ordinaria puede apoyar sus derechos específicos de género.

Querían conocer sus derechos, pero "también decían, por ejemplo, que hay que asumir la vida como es y que soportar violencia es parte de la condición de mujer",explicó.

Algunas entrevistadas consideraban que el castigo para el hombre es que "si estoy maltratada (golpeada), que el esposo tenga que cargar conmigo y cuidarme", relató.

La mujer campesina, en la mayoría de los casos, "no construye su concepción de justicia, el medio la construye por ella. Ese medio social induce a percibir lo bueno y lo malo, construye sus valores y cultura", comentó a IPS la abogada Adriana Ríos, experta en la vinculación entre género y justicia.

Por tanto, "las expectativas de la mujer aymara para obtener respaldo en la defensa de sus derechos personales en la comunidad son inexistentes, más donde la comunidad ha expulsado a los juzgados ordinarios y administra justicia directamente", afirmó.

Además, la falta de instrumentos y conocimientos jurídicos básicos imposibilitan una buena aplicación de la justicia comunitaria, dijo a IPS el responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Calamarca, Santos Mamani.

De hecho, este defensor se ha visto forzado por los vacíos existentes a asumir tareas como la conciliación familiar y la de juez de paz, mientras trata de paliar el desconocimiento sobre los derechos de la mujer con cursos especiales de capacitación y sensibilización.

Mamani atiende en su oficina municipal casos de Calamarca y de remotas comunidades del municipio, que en su mayoría tratan sobre problemas matrimoniales y familiares y abandono de los hijos.

El estudio concluye que en la mayoría de las comunidades los testimonios mostraron que el papel de la mujer "es, ante todo, ser acompañantes de sus pares masculinos como un ornamento simbólico que legitima el discurso de paridad, pero sin que se lo asuma como forma alterna de organización política". (FIN/2009)

martes, 11 de agosto de 2009

ATAQUE A RADIO DEL MOCASE

Comunicado de Prensa de MOCASE-VC 10-08-2009

ATACAN CON BOMBAS INCENDIARIAS LA FM PAJSACHAMA DEL MOCASE VIA CAMPESINA

Ayer a la 1 de la madrugada, explotó en los estudios de la FM PAJSACHAMA perteneciente a las comunidades del pueblo Lule-Vilela del MOCASE-VC ubicados en el paraje El Retiro, cerca de San José de Boquerón, una bomba de nafta preparada para destruir la radio, al tiempo que se pudo apagar otra destinada a los equipos de energía solar que alimentan la radio. La rápida actuación del compañero que vigilaba las instalaciones evitó que se quemaran los equipos, pero el fuego afectó el mobiliario, la biblioteca de la Central Campesina del Norte y diversos cables.

La FM Pajsachama fue instalada hace poco más de un año y es la primer FM de Argentina que funciona con energía solar. Vehículo de transmisión de las voces de los pueblos campesinos indígenas en lucha, han intentado acallar su potencia. Es parte de la red de cuatro radios comunitarias del MOCASE-VC, con el acompañamiento de FM La Tribu, y desde su incio ha sido una herramienta para la difusión de los derechos y las luchas de las comunidades campesinas indígenas del norte de Santiago del Estero.

Desde su instalación, la FM ha sufrido amenazas, y es por ello que siempre quedaba un compañero o compañera a dormir en las instalaciones de forma rotativa. Este hecho ha permitido que el compañero que quedó anteanoche evitara el incendio de todas las instalaciones.

No se pudo identificar a los responsables de hacer estallar las bombas, en tanto huyeron en una moto a toda velocidad dejando un cable tensado en medio del camino del monte por si alguna moto los perseguía. En las últimas semanas se venía denunciando fuertemente el accionar de varios terratenientes de la zona, así como las actitudes asistencialistas, discriminatorias e ilegales de ciertos políticos locales. 48 hs después los compañeros no pueden radicar la denuncia, casualmente, no se encuentra uniformado alguno en el destacamento Nº 12 de San José del Boquerón.

La violencia que cotidianamente se ejerce sobre las familias campesinas indígenas aflora de nuevo, esta vez intentando silenciar el Vuelo del Pajaro que recorre el monte festejando la dignidad y rebeldía de las comunidades campesinas indígenas organizadas.

Las amenazas y ataques no nos amedentran. Al contrario, nos indican la fuerza de nuestros hechos y la certeza de nuestras palabras. Como siempre, seguiremos alerta en la lucha y en la resistencia, con nuestro decir y nuestro hacer presentes en cada rincón del monte y del país, construyendo Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria cada día.


Telefonos: FM PajSachama
03841-15403290
0385-155063942
Secretaría de Comunicación MOCASE-VC
03843-421195 0385-154086164 03843-15400980
MOCASE – VIA CAMPESINA
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA

martes, 28 de julio de 2009

ACTIVIDAD: Marcha contra la baja de edad de imputabilidad de menores

Desde: www.agenciacta.org.ar



El Bloque Organizativo-Gremial-Territorial de la CTA provincia de Buenos Aires comunicó su adhesión a la movilización de mañana a las 12.00 en contra de la baja de edad de imputabilidad. La concentración será en el Congreso de la Nación.

Repudiando las decisiones que tomó recientemente el Senado de la Nación donde aprobó en general un proyecto de Ley de Responsabilidad Juvenil en él que se baja la edad de imputabilidad, distintas organizaciones populares, entre las que se cuenta la CTA, han convocado a la marcha de mañana.

El pasó siguiente en el Congreso será que se discutirá en particular y después será tratado en Diputados, frente a esta realidad, insistimos que:

1. La prioridad respecto a la infancia de nuestro país es una Asignación Universal para la niñez y que se apliquen las leyes de Promoción y Protección de Derechos, utilizando los fondos del Estado para los planes y programas necesarios a ese fin.

2. La baja de la edad de imputabilidad no es la solución de fondo a ninguno de los problemas que afecta a nuestra sociedad. Ni la inseguridad, ni los derechos vulnerados de los jóvenes infractores de la ley penal serán resueltos con esta medida.

3. La necesaria reforma del circuito penal juvenil y las garantías de los derechos de los jóvenes contenidos en él, no reclaman obligatoriamente bajar la edad de imputabilidad.

4. La voz de los trabajadores de la niñez debe ser escuchada respecto a este tema. A la vez, es nuestro compromiso seguir expresando, de diversas formas, a los legisladores y a toda la sociedad nuestras posiciones.

El documento de convocatoria

"Las organizaciones abajo firmantes, reunidas en la Central de Trabajadores de la Argentina en Capital Federal, ante el proyecto de ley de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, con aprobación general el 8 de Julio en el Senado de la Nación, nos manifestamos en contra de la baja de edad de imputabilidad, y decimos:

La cuestión de la niñez y juventud es y debe ser prioridad para toda la sociedad, desde una visión de promoción y protección de sus derechos y no desde políticas represivas.
Planteamos que de inmediato se destinen los recursos necesarios para la generación de políticas estructurales que tiendan a la inclusión de nuestros niños y jóvenes, con planes, programas, personal y fondos necesarios, que incluya una asignación universal para todas las personas menores de 18 años.

Decimos que existe una Ley Nacional de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y Juventud, pero que en la práctica no se aplica porque no existe una política de inclusión a nivel federal para este universo.

Denunciamos que hoy continúan vigentes prácticas tutelares contrarias a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) y afirmamos que debemos trabajar sobre las mismas para erradicarlas.

Por eso entendemos que es importante que los pibes que hoy están en conflicto con la ley tengan un proceso justo, con las garantías consagradas en la CIDN y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Sostenemos que con una franja de edad punible de los 14 a 16 años se legitima un nuevo insumo para la selección criminal estereotipada que realizan las estructuras policiales y judiciales, de las cuales los niños y adolescentes son sucesivamente rehenes.

Proponemos un plan de acción directo para instalar nuestra postura frente al tema, declarándonos en estado de movilización permanente, y convocando a todas las organizaciones y personas a manifestase:

El día 29 de julio a las 12hs. frente al Congreso de la Nación, en donde realizaremos una conferencia de prensa

El 7 de agosto, sumándonos a la convocatoria de la CTA en el marco de la jornada nacional de lucha

El 1º de agosto, sumándonos a la actividad de reclamo por la aparición con vida de Luciano Arruga

Movilizándonos al Congreso de la Nación el día que se trate el proyecto
No a la baja de la edad de imputabilidad. Sí a la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil a partir de los 16 años. Plena aplicación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y Juventud. Asignación Universal".