Nota del BOLETÍN INFORMATIVO CORREPI –Número 475 - 13 de abril de 2008.
Muy difundida ha sido por estos días la nueva función de la división de Asuntos Internos de la bonaerense dependiente del ministro Carlos Stornelli. Se trata de un equipo de abogados que cada 15 días se trasladará a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y además de visitar las dependencia policiales se dedicará, previa convocatoria a la comunidad, a recibir denuncias de –en palabras de sus funcionarios- “aquellos casos considerados graves” puntualizando que la gente debe denunciar “extorsiones, coimas, amenazas, apremios ilegales, manejos irregulares de fondos del Estado provincial, connivencia con delincuentes, abusos sexuales o casos graves de violencia familiar”.
Muy difundida ha sido por estos días la nueva función de la división de Asuntos Internos de la bonaerense dependiente del ministro Carlos Stornelli. Se trata de un equipo de abogados que cada 15 días se trasladará a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y además de visitar las dependencia policiales se dedicará, previa convocatoria a la comunidad, a recibir denuncias de –en palabras de sus funcionarios- “aquellos casos considerados graves” puntualizando que la gente debe denunciar “extorsiones, coimas, amenazas, apremios ilegales, manejos irregulares de fondos del Estado provincial, connivencia con delincuentes, abusos sexuales o casos graves de violencia familiar”.
Este programa de recepción de denuncias anunciado "para el mejoramiento de la policía" tiene unas cuantas trampas. Por una parte, la sola enumeración de los delitos cuya denuncia se promueve muestra cuáles se dejan afuera: nada de torturas, fusilamientos o detenciones ilegales, por ejemplo. Por otra, en términos del derecho constitucional, implica la suma del poder público en manos del ejecutivo, ya que el gobernador, a través de su ministro de seguridad, y sus funcionarios de Asuntos Internos, reemplazaría al poder judicial al tomar para sí la función de investigar, procesar y condenar los delitos cometidos por los funcionarios policiales.
Pero la principal trampa es que los detalles funcionales del programa son totalmente públicos. Pero los resultados, no. Uno de los anexos del reglamento del programa establece la “expresa reserva”, tanto en la recepción de la denuncia, como en su publicidad. Ahora entendemos cómo Salcedo, el jefe de la Policía bonaerense, dijo la misma semana que la corrupción policial habría sufrido un descenso considerable...
En términos de la realidad represiva contra el pueblo, esto significa que al estado le va a resultar mucho más fácil que si hay tortura no se note, si hay coimas, robos y cualquier otro delito del código penal, que no se sepa, disminuyendo así la posibilidad dentro del sistema judicial burgués de las víctimas de la represión de actuar como damnificados, impidiendo que ocurra, como intenta CORREPI, lo que dijo hace poco un fiscal de Morón: “la muerte de un pibe pobre, en la pila (de expedientes) no se ve”.
