CARTA ABIERTA: de la Red Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos

A los gobiernos y organizaciones reunidas en Montreal
ante la situación en Haití.

Las organizaciones integrantes de la RLEPDH, ante los sucesos ocurridos en Haití, se suman a esta iniciativa mundial de la carta a los gobiernos y organizaciones reunidas en Montreal, para plantear lo siguiente:

La reciente tragedia de Haití conmovió a los pueblos del mundo entero por su impacto destructivo, las consecuencias ambientales y sociales y sobre todo por la pérdida de vidas humanas. Lamentablemente, los desastres naturales no son una novedad en ese país caribeño, que fue impactado en el año 2008 por los huracanes Hanna e Ike.

Tampoco es la primera vez que observamos a la comunidad internacional hacer promesas de cooperación y auxilio a Haití. Nos preocupa, como organizaciones y movimientos sociales sociales y sobre la base del contacto permanente y consulta con nuestras contrapartes en Haití, que la respuesta internacional no sea coordinada sobre la base del respeto por la soberanía y en pleno acuerdo con las necesidades y demandas del pueblo haitiano.

Este es el momento para que los gobiernos que componen la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), las Naciones Unidas y especialmente Estados Unidos, Canadá y Francia, revean las equivocadas políticas que han implementado en Haití. La condición de vulnerabilidad del país a los desastres naturales - en gran parte causado por la devastación del medio ambiente, la falta de infraestructura básica y la débil capacidad de acción social del Estado no está desligada de esas políticas, que históricamente socavaron la soberanía del pueblo y su país. Así se generó una deuda histórica, social, ambiental y cultural en la cual estos países e instituciones tuvieron una gran cuota de responsabilidad. Deben repararse esas deudas con el pueblo haitiano, más aún frente a la situación que está atravesando.

En ese sentido, rechazamos la militarización del país como una falsa respuesta al reciente desastre y a la medida unilateral de Estados Unidos de enviar más de 20.000 soldados a resguardar sus intereses económicos y geopolíticos. La ocupación de las tropas en los últimos seis años, mediante la MINUSTAH, no contribuyó efectivamente a la estabilización ni a la provisión de infraestructura y bienes públicos, y nada indica que el mantenimiento de estas políticas sea efectivo de aquí en adelante.

Exigimos a los gobiernos y las organizaciones internacionales la anulación inmediata e incondicional de la deuda externa reclamada a Haití, cuyo pago afecta millones de vidas humanas. Igualmente, exigimos que los recursos destinados para el auxilio y la reconstrucción no generen nuevo endeudamiento, ni que sean impuestas condicionalidades o cualquier otra forma de imposición externa que desvirtúe ese objetivo, como es práctica de las Instituciones Financieras Internacionales, como el Banco Mundial, el BID o el FMI y los llamados "países donantes”.

Asimismo rechazamos que las empresas privadas multinacionales aprovechen esta tragedia para encarar multimillonarios negocios mediante la reconstrucción del país, como sucedió en Irak, o explotar la mano de obra barata y aprovecharse de los recursos naturales.

La sociedad haitiana, sus organizaciones, movimientos sociales y representantes estatales deben ser los agentes protagonistas en el esfuerzo internacional de reconstruir su país: los primeros en ser escuchados y con la decisión final y soberana sobre su destino. El pueblo haitiano se ha levantado en tantas ocasiones a partir de su propia voluntad, con la fuerza y la convicción de su ejemplo histórico
de ser el primer pueblo libre de América. Cualquier cooperación sólo puede ser efectiva si cuenta con este compromiso y la plena participación popular.

Estamos atentos, siguiendo los acontecimientos en diálogo con las organizaciones haitianas para que la cooperación internacional se de sobre esas bases solidarias y no se repita una vez más los errores de las políticas del pasado. ¡Por un Haití libre y soberano!

25 de enero de 2010

Prof. Pablo E. Fernández Blanco
Coordinador General de la R.L.E.P.D.H.
Periodo 2009 - 2011
Telefax: 0058212- 5741949 // 5748005
Correo: coordinaciongeneral@redapoyo.org.ve
Blog: http://noticiasdesdelared.blogspot.com/
Caracas - República Bolivariana de Venezuela

Organizaciones que forman la RLEPDH:

ARGENTINA
CENTRO DE PARTICIPACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS (CePaDeHu)

BOLIVIA
CENTRO YACHAY TINKUY
ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA
EL ATOJ ANTOÑO

BRASIL
NOVAMERICA

COLOMBIA
INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN (IPC)
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR (CINEP)
MINGA

CUBA
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE CUBA
ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA
CENTRO FÉLIX VARELA

CHILE
VICARÍA DE PASTORAL SOCIAL
PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN (PIIE)

ECUADOR
SERVICIO PAZ Y JUSTICIA DEL ECUADOR
FUNDACION SOMOS FAMILIA “UBUNTU”

EL SALVADOR
COMITÉ DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE EL SALVADOR (CODEFAM)

GUATEMALA
GRUPO DE APOYO MUTUO (GAM)

HONDURAS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS (CODEH)

MÉXICO
INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (IMDEC)
ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
RED DE PROFESORES E INVESTIGADORES DE DERECHOS HUMANOS DE MÉXICO
CÁTEDRA UNESCO DE DERECHOS HUMANOS - FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
ACADEMIA MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS

NICARAGUA
CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL “HNA. MAURA CLARKE” (CECIM)
CENTRO NICARAGÜENSE DE DERECHOS HUMANOS (CENIDH)
SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA (SERPAJ)
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA (IPADE)

PANAMÁ
CENTRO DE CAPACITACIÓN SOCIAL (CCS)

PARAGUAY
SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA (SERPAJ)

PERÚ
INSTITUTO PERUANO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ (IPEDEHP)

REPÚBLICA DOMINICANA
RED NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL EDUCANDO PARA LA PAZ

URUGUAY
SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA (SERPAJ)

VENEZUELA
RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ
CÁTEDRA DE LA PAZ Y DERECHOS HUMANOS (UNIVERSIDAD DE LOS ANDES)
PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA)
CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CECODAP)

Reclamos al Gobierno de Mauricio Macri por el uso de armas Taser

Desde el sitio: http://amnesty.org.ar/noticias-y-documentos/archivo-de-noticias/argentina-5
26 de enero de 2010.-

Amnistía Internacional exige al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda el uso y la transferencia de armas con dispositivos de energía conducida - conocidas comercialmente como Taser- hasta que no se realice una investigación independiente, seria y rigurosa sobre los efectos que provoca su utilización. Y solicita al Registro Nacional de Armas (RENAR) la información que tuviera disponible sobre este tipo de armas en el territorio argentino.
Amnistía Internacional viene exigiendo a los gobiernos del mundo que suspendan o limiten sólo a situaciones extremas el uso de armas Taser ya que no son inofensivas sino que pueden matar.

"Nos preocupa que, para la formación de la nueva policía porteña, se esté pensado en adquirir este tipo de armas porque está comprobado que se prestan a abusos ya que son fáciles de llevar, de utilizar, y pueden infligir un fuerte dolor con sólo pulsar un botón y sin dejar señales importantes", señaló Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina quien confirmó que se requerirá información al Gobierno porteño sobre las garantías de derechos humanos en la regulación del uso de armas Taser en la Ciudad de Buenos Aires.

Los antecedentes en el uso de las Taser en el mundo no son buenos. Amnistía Internacional publicó un informe en 2008 sobre la seguridad de estas armas en Estados Unidos que dio cuenta de 334 personas que murieron tras recibir una descarga de arma Taser en el país del norte entre 2001 y agosto de 2008.

El estudio de Amnistía Internacional -que incluye información sobre 98 autopsias- concluyó que el 90 por ciento de las personas muertas tras recibir la descarga de una Taser estaban desarmadas, y muchas no parecían constituir una amenaza seria.
Otras fueron sometidas a descargas repetidas o prolongadas -muy superiores al ciclo "estándar" de cinco segundos-, o fueron aplicadas por más de un agente al mismo tiempo. Hubo incluso personas a las que se les aplicaron descargas por no cumplir una orden policial tras haber quedado incapacitadas por una primera descarga.
La policía de Estados Unidos también ha utilizado Taser contra escolares, mujeres embarazadas e incluso una persona anciana que sufría demencia.

"Creemos que es necesario que la Policía Metropolitana se ajuste a los estándares internacionales en materia de uso de armas, que se capacite a los agentes para que sepan cómo y cuándo utilizarla, que se monitoree el uso para que no se comentan excesos ni arbitrariedades y que se rindan cuentas de los cumplimientos de las normas de seguridad", sostuvo Boada.

Amnistía Internacional expresa su preocupación por la falta de medidas dentro del Estado Nacional que la compra de armas Taser pone en evidencia. "Este hecho muestra que el Estado argentino no cuenta con un sistema centralizado de evaluación de los estándares internacionales en función del cual se definan lineamientos para todo el país", concluyó Boada.

Las violaciones carcelarias que no cesan

Desde http://ipsnoticias.net Por Sebastián Lacunza

BUENOS AIRES, 12 ene (IPS) - La muerte violenta de cuatro reclusos en las cárceles de Argentina en las últimas semanas vino a certificar una "sistemática" violación de los derechos humanos en los penales del país, según activistas humanitarios.
La no gubernamental Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) ha registrado 2.826 muertes desde la restauración de la democracia en este país del Cono Sur americano, en diciembre de 1983, hasta octubre pasado.

De ese total, 33 por ciento de las muertes se produjeron en cárceles, institutos de reclusión de menores y comisarías. Buena parte de los decesos fueron atribuidos a suicidios o peleas entre reclusos, pero para la Coordinadora detrás de todas hubo al menos un papel de inducción por parte de las autoridades penitenciarias.

La organización humanitaria precisó que los abusos en los centros penitenciarios se producen a nivel nacional, pero afectan en particular a dos provincias: la oriental de Buenos Aires, donde residen 34 por ciento de los 38,5 millones de argentinos, y la noroccidental de Mendoza.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en 2004 y 2006 medidas provisionales contra la situación penitenciaria en esas dos provincias, que obligaban al Estado a establecer medidas inmediatas para protegerla vida y la integridad de los procesados y condenados en algunas de sus cárceles.

Las medidas cautelares han sido prorrogadas desde entonces por el tribunal autónomo supranacional que opera dentro de la Organización de Estados Americanos, con el objetivo de preservar la vida de los reclusos. La Corte también exigió al Estado que esclarezca los casos de muertes ocurridas en centros específicos de Mendoza.

En su informe sobre la situación penitenciaria en diciembre, Correpi registró que las cuatro muertes durante ese mes se produjeron, según la versión oficial a causa de quemaduras, un suicidio, una pelea con un carcelero y un disparo a corta distancia. Los fallecidos fueron tres hombres y una mujer, que tenían entre 22 y 30 años.

Pablo Salinas, abogado demandante ante las instituciones jurídicas continentales por la situación carcelaria, explicó a IPS que dos penales de Mendoza han recibido disposiciones cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriores dictámenes provisionales de la Corte.

Se trata de la Unidad Penal 11, ubicada en la capital provincial y conocida como Boulogne Sur Mer, y la cárcel Lavalle. Tan sólo otro penal americano, el brasileño de Urso, situado en el estado de Rondonia, recibió una medida similar por parte del tribunal continental, remarcó el abogado de la ciudad de Mendoza.

En su fallo de 2006, la Corte recordó que el Estado argentino tiene "la obligación de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad". Por este motivo, exigió a las autoridades a nivel provincial y nacional una coordinación "efectiva y transparente" para revertir la crítica situación de "hacinamiento e inseguridad".

El Estado argentino reconoció su responsabilidad en la situación penitenciaria en las audiencias ante la Corte. Un año después, en febrero de 2007, la propia Corte Suprema de Justicia de la Argentina volvió a exigir a las autoridades de Mendoza el respeto a los derechos humanos dentro de sus centros penitenciarios.

Pero Salinas aseguró que casi tres años después de ese pronunciamiento, "lamentablemente la situación sigue igual" en las cárceles de Mendoza.

Organismos de derechos humanos de Mendoza denunciaron que el penal de Boulogne Sur Mer, cuyas instalaciones datan de principios del siglo pasado, alberga 1.700 reclusos, cuando su capacidad es para 500 internos.

El centro "está ubicado sobre una cloaca y los internos ponen las cuchillas en el agua podrida y luego se agreden. Cuando se clavan se les producen infecciones e incluso meningitis. Todo el sistema cloacal está colapsado", narró Salinas.

Añadió que "el sistema de salud es del infierno del Dante, llegando los internos a tener que cortarse para poder ser atendidos médicamente. Las heridas que se hacen los infectan de hepatitis B y en otros casos los abusos sexuales los infectan de sida y sífilis".

La construcción de un nuevo penal para desahogar Boulogne Sur Mer, después de que en 2004 se registrasen 17 muertes en la vieja cárcel y comenzasen las denuncias ante el sistema interamericano de derechos humanos, no supusieron una solución, explicó el abogado.

En Almafuerte, el nuevo centro, las prácticas son similares a las denunciadas. "Las horas de encierro son la característica más terrible, junto con la falta de higiene y seguridad de los internos", dijo Salinas.

Mendoza, una provincia cuya actividad principal es la vitivinicultura y que en décadas pasadas registraba un elevado nivel de vida, ha sido escenario de diversos ensayos de la denominada política de "mano dura" para combatir el delito.

El actual gobernador, Celso Jaque, designó en el área de seguridad a figuras vinculadas a la represión durante la última dictadura (1976-1983), de los que debió desprenderse por presiones de activistas de derechos humanos y del propio gobierno central, presidido por Cristina Fernández.

Fernández y Jaque son aliados y pertenecen al Partido Justicialista (peronista), aunque la primera se ubica en el ala centroizquierdista de la organización y Jaque en la más derechista.

El parlamento provincial de Mendoza impuso la institución de un "ombudsman" (defensor del pueblo) para asuntos penitenciarios y de mecanismos específicos para impedir la tortura dentro de las cárceles. Pero la implementación de las dos disposiciones está demorada por la gobernación.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, el otro foco de las mayores violaciones humanitarias en las cárceles argentinas y gobernado por el peronista conservador Daniel Scioli, el no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acaba de emitir un informe que critica duramente el manejo por parte de las autoridades locales.

La organización subrayó en su reporte sobre Política Penitenciaria que la gobernación "se alineó con los discursos que pretenden resolver las demandas sociales de seguridad endureciendo el sistema penal y consideran que las garantías constitucionales son obstáculos para impedir la persecución del delito".

El CELS aseguró que el Ejecutivo provincial centró nuevamente su intervención en políticas de "mano dura", pese a que esa estrategia ya "en otras oportunidades arrojó resultados desastrosos".

La consecuencia fue que al finalizar 2008, en las cárceles de la provincia se hacinaban 24.166 reclusos, a lo que debían sumarse 3.448 personas recluidas en comisarías, mientras que el propio gobierno provincial reconocía que la capacidad de sus penitenciarias no superaba las 17.858 plazas.

El año 2010, la situación penitenciaria argentina no evidencia mejorías. Un joven de 24 años apareció ahorcado en una celda de un centro de Mendoza. El abogado Ismael Jalil, miembro de Correpi, denunció a IPS "la impunidad de la que gozan los penitenciarios para preparar la escena y acreditar que se trató de un suicidio".

Jalil añadió que "en muchas ocasiones los presos son usados como una especie de ‘mula’ (correo de drogas) entre dos bandas policiales". "Los cambian de destacamento (comisaría) y aparecen ‘suicidados’ misteriosamente" para que no puedan denunciar lo sucedido, explicó.

El abogado señaló otro método de violación de los derechos humanos de los presos. Las autoridades penitenciarias actúan en connivencia con las bandas que dominan la actividad interna en las cárceles. Como parte de esos acuerdos, entregan a las bandas presos que no aceptan cumplir alguna actividad delictiva que le exigen.

En Argentina, la política penitenciaria predominante es la de "depósito de seres humanos para exterminarlos", sintetizó Jalil. (FIN/2010)