Por CePaDeHu, Imágenes Agencia AP; EFE. La violencia en la que se encuentra el país centroamericano ha llevado a que sus gobernantes aviven la aplicación de la pena de muerte por considerarla un paliativo y que pueda tener un efecto disuasorio. Esta medida quita toda posibilidad de emprender acciones efectivas y duraderas para atacar el tema de la inseguridad en sus causas directas.
Cerca de 2.386 millones de dólares anuales le cuestan a Guatemala los hechos de violencia, como mantiene un estudio publicado en 2006 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hacen de este país el tercero más violento de América Latina.El pasado miércoles legisladores del Congreso Guatemalteco, con el voto favorable de 140 diputados sobre un total de 143 presentes, aprobaron la Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte, mediante la cual se restituye al Presidente de la República el conocimiento del indulto que soliciten los condenados a muerte.
En noviembre, cuando el tema fue introducido en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el país se abstuvo de votar, pero un mes después, cuando se discutía en el pleno, dio su voto favorable, junto a 103 países.
El Estado guatemalteco caería en una contradicción al restablecer en la práctica la aplicación de la pena de muerte, ya que el país apoyó una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, en diciembre del año pasado, en la que se acordaba que los miembros buscarían la eliminación progresiva de este castigo.
La República de Guatemala es Estado Parte de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); ambos tratados incluyen estipulaciones específicas en relación con la aplicación y la extensión de la pena de muerte.
El Artículo 4, numeral 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificada por el Estado de Guatemala, dispone que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos; y asimismo que no se puede aplicar la pena de muerte mientras una solicitud en ese sentido esté pendiente de decisión ante autoridad competente.
También la Constitución guatemalteca estipula en su artículo 46 «el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno».
Desde el Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos nos oponemos profundamente a la pena de muerte por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante hacia las personas.El incremento de los delitos violentos que vive el pueblo de Guatemala exige la adopción de medidas eficaces con el fin de garantizar la seguridad de la población amenazada. Sin embargo no creemos que la aplicación de la pena de muerte sirva como factor disuasorio que impida la comisión de delitos violentos, ni que sea nunca un castigo apropiado. Y es un fragante retroceso en materia de derechos humanos.
Postura del Presidente
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Ronaldo Robles, dijo a Acan-Efe que "cuando se presenten las solicitudes de indulto, el presidente Álvaro Colom, las examinará y si se determina que debe aplicarse la pena de muerte, tendrá que aplicarse tal y como lo establece la ley".
Álvaro Colom, declaró su oposición a la pena de muerte durante la campaña electoral que lo llevó al poder, el pasado 14 de enero.
Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos pide al Presidente de la Republica Álvaro Colom;
- Que rechace la ley restablecida ayer en el Palacio Legislativo,
- Que busque soluciones eficaces y que atiendan las causas de la sociales y económicas para la crisis de seguridad pública,
- Que el Ejecutivo guatemalteco respete la posición del país adoptada en la reunión del 17 de diciembre del año pasado en la Asamblea de las Naciones Unidas.
- Que atienda el compromiso que tiene a nivel internacional con el Pacto de San José, donde los Estados se comprometieron a no generar más penas de muerte sino a realizar acciones para abolirla.
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