Como todos los años, Amnistía Internacional presenta el Informe Anual, desde allí, la organización defensora de los derechos humanos, hace un análisis e informa sobre la situación de los derechos humanos, en cada uno de los países.
Este año, en el marco de la crisis económica mundial, afirma que la actual recesión es una crisis de derechos humanos.
En el informe, la organización con sede en Londres va más allá de la definición clásica de los derechos humanos como derechos políticos y civiles, y denuncia que "los ricos han causado la mayor parte de la destrucción pero son los desfavorecidos los que sufren las principales consecuencias"
Amnistía Internacional centra su análisis sobre los derechos humanos en los 53 millones de nuevos pobres y los entre 18 y 51 millones que perderán su empleo este año, y no ahorra críticas a los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
"Es patente que los gobiernos no sólo han renunciado a la regulación económica y financiera en favor de las fuerzas del mercado, sino que además han fracasado estrepitosamente a la hora de proteger los derechos humanos, la vida y el sustento de las personas. Miles de millones de personas sufren inseguridad, injusticia y humillación. Estamos ante una crisis de derechos humanos", dijo la secretaria general de la organización, Irene Khan.
América Latina
En la región, Amnistía Internacional señala:
* El desplazamiento y la discriminación de comunidades indígenas en aras de la rentabilidad empresarial en Argentina, México, Chile, Brasil, Colombia y Nicaragua.
* La persecución de grupos marginales con la participación de policías y ex policías en los homicidios de presuntos delincuentes en Brasil y Guatemala.
* La violación de derechos humanos de mujeres, indígenas, minorías sexuales y poblaciones carcelarias.
* El asesinato en Colombia de jóvenes de comunidades excluidas por miembros de las fuerzas armadas "para cobrar la prima concedida por el gobierno por cada guerrillero muerto".
Director de América Latina durante 20 años, hoy asesor de la secretaria general de Amnistía, Javier Zuñiga incluye la desigualdad, la violencia doméstica o la discriminación de minorías como parte del déficit que la región tiene en temas de derechos humanos.
"Son hechos muy concretos que hacen a la vida de la gente. América Latina es la región más desigual del planeta: no se puede excluir esto de un balance de la situación de los derechos humanos", comentó Zúñiga.
Información sobre Argentina
En marzo, un decreto oficial por el que se elevaba el impuesto que gravaba la exportación de cereales provocó en todo el país huelgas y cortes de carreteras. En julio, el gobierno lo anuló después de que el Senado rechazara un proyecto de ley para ratificarlo.
Desalojo forzoso de pueblos indígenas
Se recibieron informes sobre desalojos forzosos de pueblos indígenas en los que agentes de policía y guardias de seguridad privados habían hecho uso excesivo de la fuerza. Los desalojos continuaron a pesar de la ley de emergencia aprobada en 2006 sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, en la que se pedía la suspensión de las órdenes de desalojo hasta que se llevara a cabo una revisión y un registro de la tenencia de las tierras ocupadas por dichas comunidades.
Libertad de asociación
En noviembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Asociaciones Sindicales en el que se negaba a las personas que no formaran parte de un sindicato reconocido como tal por el gobierno el derecho a representar a los trabajadores. En la decisión se subrayaba la necesidad de adecuar la ley a las normas internacionales de derechos humanos.
Pena de muerte
En agosto, el Senado derogó el Código de Justicia Militar de 1951, lo que comportó la abolición de la pena de muerte para todos los delitos y el establecimiento de un nuevo sistema para el enjuiciamiento de los miembros de las fuerzas armadas ante tribunales ordinarios. En septiembre, Argentina ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
Impunidad: - justicia por violaciones cometidas en el pasado
Tras visitar Argentina en julio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló que se habían dictado más de 20 sentencias contra autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y que seguían abiertos un millar de procedimientos penales. Sin embargo, varios presuntos responsables murieron sin testificar en causas clave, y se recibieron informes sobre amenazas a testigos y defensores de los derechos humanos.
·En abril –en la que habría de ser la primera sentencia en su género– se condenó a Osvaldo Rivas y a María Cristina Gómez a sendas penas de 8 y 7 años de cárcel por la «apropiación» de María Eugenia Sampallo, hija de una pareja que había sido víctima de desaparición forzada en 1977. El ex capitán del ejército que robó a la niña y la entregó a la pareja fue condenado en abril a 10 años de prisión.
·En abril, un tribunal acusó a siete oficiales de las fuerzas armadas de «apropiación ilegal» de bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo mientras sus madres permanecían detenidas. En julio se formularon cargos contra Jorge Rafael Videla, ex jefe de la junta militar, por un motivo análogo.
·En abril, hombres sin identificar secuestraron en Buenos Aires a Juan Evaristo Puthod, superviviente de varios centros de detención clandestinos, testigo judicial y defensor de los derechos humanos. Lo liberaron al cabo de 28 horas, después de interrogarlo sobre sus actividades en materia de derechos humanos.
·En julio, cinco ex oficiales de las fuerzas armadas, entre ellos el ex general Luciano Benjamín Menéndez, fueron condenados a cadena perpetua por el secuestro, la tortura y el asesinato de cuatro activistas políticos en 1977. A otros tres se les impusieron penas de cárcel más cortas. El referido Luciano Menéndez y el ex gobernador provincial Domingo Antonio Bussi fueron condenados en agosto a cadena perpetua por haber sido «coautores mediatos» de la desaparición forzada del senador de Tucumán Guillermo Vargas Aignasse en 1976.
·En julio, un tribunal condenó a dos ex agentes de policía a cadena perpetua por su implicación en la «Masacre de Fátima», ocurrida en agosto de 1976 y en la que 30 hombres y mujeres fueron secuestrados y retenidos en Buenos Aires antes de ser ejecutados extrajudicialmente.
·Continuaron las investigaciones sobre los casos de cinco ex oficiales de la Armada acusados de haber participado en la «Masacre de Trelew», acaecida en 1972 y en la que 16 presos fueron abatidos a tiros al tratar de huir de la penitenciaría federal de Trelew.
·Tras ser extraditado a Argentina en marzo desde España, el ex oficial de la Armada Ricardo Antonio Cavallo fue acusado en julio de la desaparición forzada del escritor Rodolfo Walsh, ocurrida en 1977.
·Jorge Julio López, demandante y testigo principal en la causa seguida contra Miguel Etchecolatz –ex director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires–, siguió en paradero desconocido. No se lo había visto desde septiembre de 2006.
·En diciembre, investigadores forenses anunciaron el descubrimiento de miles de fragmentos óseos y de un paredón de fusilamiento con 200 impactos de bala en el cuartel del destacamento de policía de Arana, cerca de Buenos Aires. Era la primera vez que se encontraba una fosa común de grandes dimensiones en un antiguo centro de detención clandestino. Se ha iniciado el proceso de identificación de los restos.
Policía y fuerzas de seguridad
Se acusó a la policía de hacer uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y conflictos sobre tierras. Se juzgó a varios agentes por homicidio ilegítimo.
·En junio y julio se condenó a varios agentes de policía por su implicación en el homicidio injustificado de Jonathan Oros, cometido en Mendoza en enero de 2007, y en el del manifestante Carlos Fuentealba, cometido en Neuquén, provincia de Neuquén, en abril de 2007.
Condiciones de reclusión
Se recibieron informes sobre las pésimas condiciones y el hacinamiento de las cárceles y los centros de detención, así como sobre las torturas y los malos tratos infligidos en estos establecimientos. En julio, un juez ordenó la «inmediata clausura» de dos pabellones del Centro de Recepción La Plata, que albergaba al parecer a más de 50 personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, y calificó las condiciones de «inhumanas».
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