Desde CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO NÚMERO 533 – 5 de octubre de 2009
El viernes 25, a las 17:30, cientos de efectivos policiales de infantería, caballería, división perros y motorizada, apoyados en el perímetro por gendarmería nacional, que descargaron balas de goma, palos y gases lacrimógenos contra los trabajadores de Kraft-Terrabusi, sus familiares y los manifestantes movilizados en su apoyo. El operativo militar, ordenado por la fiscalía provincial a pedido de la empresa multinacional, fue dirigido por el comisario Salvador Baratta, personaje que merece más de un párrafo extra.
Especie de Mario “Chorizo” Rodríguez post-90, Baratta desarrolló casi toda su carrera en el conurbano sur, de donde es oriundo. Después de la comisaría de Solano y otros destinos en la zona, fue destinado como jefe de narcotráfico en el conurbano norte. Allí se especializó en coordinar con otras fuerzas. Luego pasó a la departamental La Plata, donde gestó el plan “Círculo de Proximidad”, tendiente a que “la ciudadanía recupere la confianza en su policía”.
Sonó con fuerza como posible jefe de la bonaerense, y finalmente lo nombraron superintendente de la región noroeste, que abarca los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Campana, Zárate, Pilar, Exaltación de la Cruz, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Martín y Tres de Febrero. Fue el vocero de la versión oficial del operativo en el que el subcomisario de Matheu, Claudio “Orejón” o “El Cheto” Brítez ejecutó a la competencia de su hermano, el narco “Cartucho” Brítez, en Villa Madero, San Martín (ver Boletín nº 532, “Una familia muy normal... policial”).
La represión en Terrabusi, con 65 detenidos (28 que se encontraban en el interior de la planta y 37 capturados fuera de ella) que fueron liberados a la madrugada, imputados por atentado y resistencia a la autoridad y usurpación, en el caso de los que estaban dentro de la fábrica, tuvo varios ingredientes que muestran sin tapujos cómo la política represiva estatal se profundiza en la medida en que se hacen más evidentes las consecuencias de la crisis que los capitalistas se cobran, como siempre, a costa de los trabajadores.
Vimos a la viceministra de trabajo del gabinete nacional oficiando de vocera de la empresa yanqui, cuando dio lectura a lo que ella misma calificó de “declaración unilateral” de los explotadores. El fin de la conferencia de prensa fue la señal para el inicio del ataque militar. La planta funcionó, a la vez, como comisaría y fiscalía. Los pocos compañeros abogados de organizaciones que pudieron trasponer las rejas coronadas de alambre de navajas fueron recluidos en un playón sin acceso directo al fiscal ni a los instructores policiales, mientras otros directamente quedaron por fuera del perímetro de la fábrica, sin poder ingresar.
Pocas veces se muestra tan claramente la función del gobierno en un estado burgués: defender a cualquier costo los intereses de sus mandantes, los capitalistas. Juez, fiscal, ministros, policías, gendarmes, todos exhibieron sin ambigüedades su rol de sirvientes de la empresa, en este caso yanqui, para todavía mayor claridad.
Mientras tanto, el conflicto persiste. En comunicación telefónica, uno de los delegados de la comisión interna nos confirmó que “no hubo acuerdos ni acta de resolución”. Kraft, la empresa en la que el Tesoro de los EEUU posee acciones, cuyo director, Warren Buffet, es el millonario más importante del mundo, ofrece reincorporar a sólo 30 de los 156 obreros despedidos y abonar el salario de la primera quincena...
La burocracia sindical, en bloque, evidencia también su alianza con el gobierno y los empresarios. Las diferencias que puedan tener Daer y Moyano desaparecen cuando deben ejecutar las políticas de la UIA y del gobierno en defensa de los capitales del imperio. Los conflictos interburgueses quedan a un lado cuando hay que atacar a la clase trabajadora.
La fábrica sigue militarizada, con los efectivos usando de dormitorio el quincho de la planta. Gendarmería volvió a desplegar varios batallones para impedir nuevos cortes de la Panamericana. La comisión interna sigue sin poder ingresar a la planta.
La forma en que el gobierno encaró la “resolución” de este conflicto, es un intento de demostración de fuerza de la burguesía a toda la clase trabajadora, en momentos en que, como venimos señalando, la profundización de la crisis augura nuevas y renovadas luchas. Ellos también lo saben.
El viernes 25, a las 17:30, cientos de efectivos policiales de infantería, caballería, división perros y motorizada, apoyados en el perímetro por gendarmería nacional, que descargaron balas de goma, palos y gases lacrimógenos contra los trabajadores de Kraft-Terrabusi, sus familiares y los manifestantes movilizados en su apoyo. El operativo militar, ordenado por la fiscalía provincial a pedido de la empresa multinacional, fue dirigido por el comisario Salvador Baratta, personaje que merece más de un párrafo extra.
Especie de Mario “Chorizo” Rodríguez post-90, Baratta desarrolló casi toda su carrera en el conurbano sur, de donde es oriundo. Después de la comisaría de Solano y otros destinos en la zona, fue destinado como jefe de narcotráfico en el conurbano norte. Allí se especializó en coordinar con otras fuerzas. Luego pasó a la departamental La Plata, donde gestó el plan “Círculo de Proximidad”, tendiente a que “la ciudadanía recupere la confianza en su policía”.
Sonó con fuerza como posible jefe de la bonaerense, y finalmente lo nombraron superintendente de la región noroeste, que abarca los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Campana, Zárate, Pilar, Exaltación de la Cruz, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Martín y Tres de Febrero. Fue el vocero de la versión oficial del operativo en el que el subcomisario de Matheu, Claudio “Orejón” o “El Cheto” Brítez ejecutó a la competencia de su hermano, el narco “Cartucho” Brítez, en Villa Madero, San Martín (ver Boletín nº 532, “Una familia muy normal... policial”).
La represión en Terrabusi, con 65 detenidos (28 que se encontraban en el interior de la planta y 37 capturados fuera de ella) que fueron liberados a la madrugada, imputados por atentado y resistencia a la autoridad y usurpación, en el caso de los que estaban dentro de la fábrica, tuvo varios ingredientes que muestran sin tapujos cómo la política represiva estatal se profundiza en la medida en que se hacen más evidentes las consecuencias de la crisis que los capitalistas se cobran, como siempre, a costa de los trabajadores.
Vimos a la viceministra de trabajo del gabinete nacional oficiando de vocera de la empresa yanqui, cuando dio lectura a lo que ella misma calificó de “declaración unilateral” de los explotadores. El fin de la conferencia de prensa fue la señal para el inicio del ataque militar. La planta funcionó, a la vez, como comisaría y fiscalía. Los pocos compañeros abogados de organizaciones que pudieron trasponer las rejas coronadas de alambre de navajas fueron recluidos en un playón sin acceso directo al fiscal ni a los instructores policiales, mientras otros directamente quedaron por fuera del perímetro de la fábrica, sin poder ingresar.
Pocas veces se muestra tan claramente la función del gobierno en un estado burgués: defender a cualquier costo los intereses de sus mandantes, los capitalistas. Juez, fiscal, ministros, policías, gendarmes, todos exhibieron sin ambigüedades su rol de sirvientes de la empresa, en este caso yanqui, para todavía mayor claridad.
Mientras tanto, el conflicto persiste. En comunicación telefónica, uno de los delegados de la comisión interna nos confirmó que “no hubo acuerdos ni acta de resolución”. Kraft, la empresa en la que el Tesoro de los EEUU posee acciones, cuyo director, Warren Buffet, es el millonario más importante del mundo, ofrece reincorporar a sólo 30 de los 156 obreros despedidos y abonar el salario de la primera quincena...
La burocracia sindical, en bloque, evidencia también su alianza con el gobierno y los empresarios. Las diferencias que puedan tener Daer y Moyano desaparecen cuando deben ejecutar las políticas de la UIA y del gobierno en defensa de los capitales del imperio. Los conflictos interburgueses quedan a un lado cuando hay que atacar a la clase trabajadora.
La fábrica sigue militarizada, con los efectivos usando de dormitorio el quincho de la planta. Gendarmería volvió a desplegar varios batallones para impedir nuevos cortes de la Panamericana. La comisión interna sigue sin poder ingresar a la planta.
La forma en que el gobierno encaró la “resolución” de este conflicto, es un intento de demostración de fuerza de la burguesía a toda la clase trabajadora, en momentos en que, como venimos señalando, la profundización de la crisis augura nuevas y renovadas luchas. Ellos también lo saben.
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