Del Boletín Informativo de CORREPI - Número 487 - 7 de julio de 2008.
Esta semana se difundió que un juez de Mar del Plata declaró inconstitucional un inciso de la ley que permite a la policía bonaerense detener personas en averiguación de antecedentes. Sin perjuicio de que algunos medios presentaron el asunto como si se hubiera puesto algún límite significativo a la represión estatal, no deja de ser interesante leer, por ejemplo, el diálogo entre el juez y la capitana María Alejandra Amaya, titular de la comisaría en cuestión, durante el juicio.
Página 12 lo transcribe así: El juez Tapia “primero determinó que el policía que detuvo a Lucas O. en su camioneta no tenía orden de detención sino de identificarlo. El juez preguntó qué pasaba cuando alguien tenía documento y cuando no lo tenía. “Si lo tiene, se controla en el sistema y si no tiene impedimentos se va de inmediato.” “¿Cuánto lleva el trámite?” “Dos o tres minutos.” “¿El accionante tenía DNI?”, preguntó el juez. “Sí, pero ese día se cayó el sistema”, respondió Amaya. “¿Qué pasa cuando se cae el sistema?” “Se lo lleva a la comisaría donde se averigua por vía informática.” “¿Por qué salió a las nueve de la noche?” “Porque se cayó el sistema informático del Ministerio”, aseguró Amaya. Tapia buscó respuestas en el propio Ministerio de Seguridad bonaerense y determinó que si se cae el sistema informático se arregla casi de inmediato; determinó que la averiguación de identidad y de antecedentes demora entre cinco y veinte minutos y comprobó que ese día el sistema no se había caído”.
La decisión judicial que se muestra periodísticamente como beneficiosa para la salud institucional, declarar la inconstitucionalidad de un inciso, es una aspirina para el cáncer cuando la detención por averiguación de antecedentes es una de las herramientas más efectivas para las detenciones de pibes pobres, y el vía libre para la tortura en todo el país, incluso ignorando, como lo hace la corte suprema, que desde la sentencia internacional en el caso Bulacio las contravenciones y AA deberían ser derogadas para que el estado argentino cumpla lo dispuesto por la Corte IDH.
Todos los días miles de jóvenes son víctimas de detenciones arbitrarias y alojados en celdas con presos comunes. Luego se decide si se los “blanquea” por AA o por una contravención que se inventa en la comisaría.
Como conclusión de todo este “despliegue judicial” marplatense, los policías están libres y simplemente investigados, por supuesto por sus propios compañeros de fuerza. Nada que no podamos esperar del poder judicial, una de cuyas tareas es limpiarle la cara, en mínima e inofensiva dosis, al estado represor del que forma parte. Toda una farsa para el pueblo que, a medida que toma conciencia de la realidad de un muerto cada 40 horas por el gatillo fácil y las torturas, debe organizarse y luchar contra la represión.
jueves, 10 de julio de 2008
martes, 1 de julio de 2008
REFLEXIÓN: Los Mataguachos
Los Mataguachos por Sebastián Hacher
“Villa Fiorito es un barrio de territorios difusos, disputados por adolescentes cuyo futuro es apenas una esperanza de sobrevida. Las historias de tiroteos ocupan largas horas de charla, e incluso algunos se grabaron en la memoria colectiva como escenas de una guerra civil”
Estas palabras, nacidas de la pluma del periodista de oficio Sebastián Hacher, describen como nadie la terrible realidad que hoy se vive en las sufridas barriadas del conurbano bonaerense.
Es que la violencia social en Argentina crece en proporción geométrica.
Los periodistas profesionales –aquellos quienes, según el payador Martín Castro, “mojan la pluma en la bota del amo / y escriben con la sangre del rebelde y del paria”- no desmayan en señalar como responsables de esta situación a los morochos carenciados menores de 25 años, acusándolos de ser unos degenerados capaces de cometer las mayores violencias con tal de no trabajar, proveerse de zapatillas de marca, y de dinero para satisfacer su consumo de drogas.
Este discurso cala hondo en una sociedad como la nuestra, de profundas raíces autoritarias, hasta el punto de lograr que aún las personas mejor intencionadas, concedan que “es cierto que sus condiciones de vida son terribles, pero ellos también tienen la opción de elegir un camino diferente”.
Esto último es, ciertamente, una verdad a medias. No hay mejor manera de comprender a un ser humano, que ponerse en su propia piel por un instante. Si es que a uno le importa, sinceramente, el sufrimiento de ese ser humano.
Venir al mundo en una casa de chapas fría, que se llueve, donde no todos los días hay algo para comer; y si lo hay, la comida no siempre es rica. No hay padre: embarazó y huyó, o está muerto, o está preso. La madre casi no está en el hogar, rebuscando en casas de familia unas monedas con que alimentar a los hijos, quienes quedan a merced de la calle. Ser mirado con miedo y desprecio por quienes tuvieron la suerte de nacer con tez blanca y comprarse alguna ropa de marca. Provocar, con la sola presencia, la alarma en un comercio, aunque solamente vaya a comprar una leche a pedido de su mamá. Ser interpelado por el patrullero del barrio, de muy malos modos, desconfiando de su palabra, y a menudo recibiendo un insulto o un comentario desdeñoso.
En resumen, el conjunto de la sociedad no lo considera como un semejante.
El inevitable resultado de esa violencia solapada, es el síndrome que tan bien describiera la escritora Mary Wollstonecraft Shelley en su famosa novela “Frankenstein” (1818): La criatura, dotada de un espíritu sensible –como el de todos los seres humanos en sus primeros años de vida- pero de un atemorizante aspecto exterior, puede elegir voluntariamente provocar el terror, dado que no pudo inspirar amor.
De esta manera se explica cómo una parte del pobrerío sale armado a la calle a ganarse el sustento, a costa de la otra parte del pobrerío que se lo gana en pequeños comercios de bajísima rentabilidad o en trabajos miserables, casi siempre en negro, y mal remunerados.
De lo cual se desprende la siguiente reflexión: ¿es verdadera opción para un marginado someterse a esta infame explotación laboral, y eso si es que tiene la “suerte” de conseguirla?
La sociedad argentina es como una perversa Esfinge de Tebas, aquella monstruosa entidad mitológica que planteaba a los viajeros un dilema imposible de resolver, tras lo cual devoraba sin piedad a sus víctimas indefensas.
En términos criollos, el dilema se plantea en estos términos: “¿Quieres ser un esclavo sumiso y miserable, soportando humillaciones cotidianas, para ganar apenas un triste mendrugo de pan? ¿O prefieres convertirte en victimario, drogarte para tomar coraje, salir armado a robar a la calle, sin saber jamás si regresarás con vida o si pasarás largos años sometido a tortura en prisión?
Sí, la sociedad argentina, a través del estado que la representa y de la policía que la defiende, crea las condiciones ambientales exactas para que la violencia social crezca en proporciones geométricas.
Una vez logrado ese objetivo, hace magníficos negocios, tales como la prostitución de menores de edad, las zonas liberadas para los robos “autorizados” por la superioridad, o la obtención de mayor presupuesto para fortificar a las fuerzas represivas .
Y esto, sin contar al comercio más lucrativo de todos, el cual también está gerenciado por oficiales de policía y políticos de carrera: la venta de “paco” fabricado en las “cocinas” suburbanas. Esta fabulosa idea del estado, permite a la sociedad deshacerse de miles de seres humanos “sobrantes”, los cuales compran con buen dinero esa terrible droga que los descerebra hasta matarlos. De esta manera, se ha concebido un método muy superior al de Adolfo Hitler y el régimen nazi: no se derrocha el dinero de los contribuyentes en cámaras de gas, pólvora ni balas; la víctima paga su lenta pero inexorable ejecución.
Pero nada es perfecto, y aún hay pibes “sobrantes” cuya expulsión definitiva requiere del gasto de plomo calibre 9 mm, y de los matarifes que deben encargarse de esta faena: ellos son los “mataguachos”.
Individuos cuyos valores éticos poco tienen que ver con los postulados humanistas, los mataguachos fueron pobres que encontraron un lugar de “respeto” en la sociedad ingresando a la policía, institución que les brinda un arma, un uniforme, el derecho de matar y extorsionar, y un cobijo legal en caso de ser atrapados con las manos en la masa.
Los archivos de CORREPI están plagados de estos siniestros personajes. Y como para muestra basta un “botón”, el presente trabajo se referirá a un matarife que ejerce su perverso oficio en jurisdicción de la comisaría 5ª de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires: Ramón “El Oso” Peloso.
Años atrás, en tiempos que los vecinos de Fiorito prefieren no recordar, “El Oso” era jefe de calle del mencionado matadero policial. Como tal, establecía los “honorarios” que los pequeños comerciantes del barrio, los dealers, y los familiares de los pibes pobres debían abonar para gozar de la “protección” policial. Hacia el año 2003, Peloso ya se había retirado de la policía, pero –como es común en este tipo de personas- siguió ganándose la vida como matón particular, siempre en estrecho contacto con la institución que lo apadrinó en todas sus correrías.
Como de costumbre, “El Oso” se dedicaba a “verduguear” a los pibes del barrio, con el objeto de obligarles a robar para su propio beneficio. Uno de estos chicos era Matías Barzola, conocido como “Barzolita”, un pibe de 16 años cuyos amigos describían como “Un buen pibe, sin ningún vicio”. Una vuelta, Barzolita pudo poner dos cuadras de distancia entre su humanidad y la del energúmeno de Peloso quien, demasiado excedido de peso, juró venganza contra el pequeño rebelde que se negaba a consentir con sus actividades delictivas.
El 18 de febrero de 2003, “El Oso” experimentó un fugaz momento de felicidad, al balear por la espalda a un chico, confundiéndolo con Matías. Pero se había equivocado: momentos después, la madre del adolescente baleado se presentó en la comisaría 5ª, para increparlo por su salvajismo. Peloso –quien a pesar de estar retirado se encontraba allí- le dijo, muy suelto de cuerpo, la siguiente frase, que la llenó de espanto: “Yo soy el mataguachos. Pero con tu hijo me equivoqué, lo confundí con 'Barzolita'. A ése es al que estoy buscando”
“Persevera, y triunfarás” dice una voz popular. Y efectivamente, el matarife tuvo su hora de gloria el 3 de junio de ese mismo año: mientras patrullaba el barrio en su auto particular, encontró a Matías caminando junto a un amigo por una calle de tierra. Rápido como el rayo, lo obligó a arrodillarse o a acostarse en el piso, para descerrajarle un tiro en la cara, que lo atravesó “de atrás hacia delante, y de arriba hacia abajo”, como refiere el lenguaje neutro de la autopsia judicial.
“La letra con sangre entra”, reza un conocido proverbio de neto corte conductista. La lección estaba impartida: los pibes del barrio ya sabían a qué atenerse si se decidían, como Matías, a negarse a “colaborar” con este héroe de la sociedad argentina y del orden establecido.
Para cubrir las apariencias, los cómplices de Peloso en la comisaría 5ª aseguraron que Matías fue muerto mientras intentaba asaltar a un automovilista. Pero su madre, Estela Velásquez, no pudo creer que el hijo estuviera implicado en semejante asunto. Y empezó a investigar: caminó, preguntó, buscó testigos, y finalmente averiguó lo que se supone que el estado debería averiguar: la verdad de los hechos.
Poco más de un año después, en agosto de 2004, Peloso se anotó otro éxito en su “lucha” contra el delito: el ex policía vio a un grupo de jóvenes que asaltaba a un sodero sin haber solicitado el pertinente permiso policial, y les disparó desde atrás, sin decir “agua va”: como resultado de su gesto heroico, hirió a un pibe en la pierna, y mató de 7 (siete) balazos en la espalda a un muchacho de 18 años, conocido como “Calo”.
Se supone que la excesiva cantidad de tiros en el cuerpo no habría obedecido a un ensañamiento bestial, sino a la necesidad de asegurarse que el peligroso delincuente no tuviera tiempo de darse vuelta para repeler la acción parapolicial.
Un familiar de Matías que vivía cerca de allí y oyó los disparos, fue a ver qué ocurría: y lo que vio, lo llenó de lágrimas: “Me dio mucha bronca –dijo- ver cómo todos los policías lo abrazaban a Peloso, como si fuera un héroe”.
Y es que, efectivamente, criminales como Peloso son vistos como héroes necesarios para “terminar con el crimen” en la sociedad. Toda una contradicción, netamente argentina.
Después de mucho andar, los familiares de Matías Barzola solicitaron la ayuda de CORREPI para llevar al banquillo de los acusados a este “mataguachos”. El juicio oral tendrá lugar los días 3 y 4 de julio de 2008, en los juzgados de Lomas de Zamora, sitos en Larroque y Camino Negro.
Pero no sería prudente esperar un fallo imparcial de estos tribunales. Apenas unas semanas atrás, otro matarife –Justo José Luquet, de la Policía Federal- fue absuelto de culpa y cargo por el asesinato a sangre fría de otro chico pobre, Marcelo Báez.
Hoy, las tarifas por la “protección” policial en Villa Fiorito alcanza stándares “aceptables”: por liberar a un detenido –haya o no cometido algún delito- se pagan 2.000 pesos; un vendedor ambulante puede pregonar su mercancía oblando desde 10 pesos en adelante; para vender drogas, el dealer debe aportar a la “familia” policial entre 200 y 500 pesos semanales; y un menor, para evitar ser arrestado, puede optar por robar para la Corporación, debiendo rendir a sus benefactores un monto de 200 pesos por jornada de “trabajo”.
Es que en la República Argentina, obtener justicia es una verdadera utopía. Porque no se debe confundir a la justicia con el Poder Judicial, ya que este último es parte de la injusticia social, por ser parte –como la policía- del estado.
Ser obediente y agachar la cabeza, es una falsa opción. Como dijera hace ya un siglo un viejo revolucionario mexicano, Práxedis Gilberto Guerrero, “La pasividad y la mansedumbre no implican bondad, así como la rebeldía no significa salvajismo (...) La justicia no se compra ni se pide de limosna; donde no existe, se hace”
Individuos cuyos valores éticos poco tienen que ver con los postulados humanistas, los mataguachos fueron pobres que encontraron un lugar de “respeto” en la sociedad ingresando a la policía, institución que les brinda un arma, un uniforme, el derecho de matar y extorsionar, y un cobijo legal en caso de ser atrapados con las manos en la masa.
Los archivos de CORREPI están plagados de estos siniestros personajes. Y como para muestra basta un “botón”, el presente trabajo se referirá a un matarife que ejerce su perverso oficio en jurisdicción de la comisaría 5ª de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires: Ramón “El Oso” Peloso.
Años atrás, en tiempos que los vecinos de Fiorito prefieren no recordar, “El Oso” era jefe de calle del mencionado matadero policial. Como tal, establecía los “honorarios” que los pequeños comerciantes del barrio, los dealers, y los familiares de los pibes pobres debían abonar para gozar de la “protección” policial. Hacia el año 2003, Peloso ya se había retirado de la policía, pero –como es común en este tipo de personas- siguió ganándose la vida como matón particular, siempre en estrecho contacto con la institución que lo apadrinó en todas sus correrías.
Como de costumbre, “El Oso” se dedicaba a “verduguear” a los pibes del barrio, con el objeto de obligarles a robar para su propio beneficio. Uno de estos chicos era Matías Barzola, conocido como “Barzolita”, un pibe de 16 años cuyos amigos describían como “Un buen pibe, sin ningún vicio”. Una vuelta, Barzolita pudo poner dos cuadras de distancia entre su humanidad y la del energúmeno de Peloso quien, demasiado excedido de peso, juró venganza contra el pequeño rebelde que se negaba a consentir con sus actividades delictivas.
El 18 de febrero de 2003, “El Oso” experimentó un fugaz momento de felicidad, al balear por la espalda a un chico, confundiéndolo con Matías. Pero se había equivocado: momentos después, la madre del adolescente baleado se presentó en la comisaría 5ª, para increparlo por su salvajismo. Peloso –quien a pesar de estar retirado se encontraba allí- le dijo, muy suelto de cuerpo, la siguiente frase, que la llenó de espanto: “Yo soy el mataguachos. Pero con tu hijo me equivoqué, lo confundí con 'Barzolita'. A ése es al que estoy buscando”
“Persevera, y triunfarás” dice una voz popular. Y efectivamente, el matarife tuvo su hora de gloria el 3 de junio de ese mismo año: mientras patrullaba el barrio en su auto particular, encontró a Matías caminando junto a un amigo por una calle de tierra. Rápido como el rayo, lo obligó a arrodillarse o a acostarse en el piso, para descerrajarle un tiro en la cara, que lo atravesó “de atrás hacia delante, y de arriba hacia abajo”, como refiere el lenguaje neutro de la autopsia judicial.
“La letra con sangre entra”, reza un conocido proverbio de neto corte conductista. La lección estaba impartida: los pibes del barrio ya sabían a qué atenerse si se decidían, como Matías, a negarse a “colaborar” con este héroe de la sociedad argentina y del orden establecido.
Para cubrir las apariencias, los cómplices de Peloso en la comisaría 5ª aseguraron que Matías fue muerto mientras intentaba asaltar a un automovilista. Pero su madre, Estela Velásquez, no pudo creer que el hijo estuviera implicado en semejante asunto. Y empezó a investigar: caminó, preguntó, buscó testigos, y finalmente averiguó lo que se supone que el estado debería averiguar: la verdad de los hechos.
Poco más de un año después, en agosto de 2004, Peloso se anotó otro éxito en su “lucha” contra el delito: el ex policía vio a un grupo de jóvenes que asaltaba a un sodero sin haber solicitado el pertinente permiso policial, y les disparó desde atrás, sin decir “agua va”: como resultado de su gesto heroico, hirió a un pibe en la pierna, y mató de 7 (siete) balazos en la espalda a un muchacho de 18 años, conocido como “Calo”.
Se supone que la excesiva cantidad de tiros en el cuerpo no habría obedecido a un ensañamiento bestial, sino a la necesidad de asegurarse que el peligroso delincuente no tuviera tiempo de darse vuelta para repeler la acción parapolicial.
Un familiar de Matías que vivía cerca de allí y oyó los disparos, fue a ver qué ocurría: y lo que vio, lo llenó de lágrimas: “Me dio mucha bronca –dijo- ver cómo todos los policías lo abrazaban a Peloso, como si fuera un héroe”.
Y es que, efectivamente, criminales como Peloso son vistos como héroes necesarios para “terminar con el crimen” en la sociedad. Toda una contradicción, netamente argentina.
Después de mucho andar, los familiares de Matías Barzola solicitaron la ayuda de CORREPI para llevar al banquillo de los acusados a este “mataguachos”. El juicio oral tendrá lugar los días 3 y 4 de julio de 2008, en los juzgados de Lomas de Zamora, sitos en Larroque y Camino Negro.
Pero no sería prudente esperar un fallo imparcial de estos tribunales. Apenas unas semanas atrás, otro matarife –Justo José Luquet, de la Policía Federal- fue absuelto de culpa y cargo por el asesinato a sangre fría de otro chico pobre, Marcelo Báez.
Hoy, las tarifas por la “protección” policial en Villa Fiorito alcanza stándares “aceptables”: por liberar a un detenido –haya o no cometido algún delito- se pagan 2.000 pesos; un vendedor ambulante puede pregonar su mercancía oblando desde 10 pesos en adelante; para vender drogas, el dealer debe aportar a la “familia” policial entre 200 y 500 pesos semanales; y un menor, para evitar ser arrestado, puede optar por robar para la Corporación, debiendo rendir a sus benefactores un monto de 200 pesos por jornada de “trabajo”.
Es que en la República Argentina, obtener justicia es una verdadera utopía. Porque no se debe confundir a la justicia con el Poder Judicial, ya que este último es parte de la injusticia social, por ser parte –como la policía- del estado.
Ser obediente y agachar la cabeza, es una falsa opción. Como dijera hace ya un siglo un viejo revolucionario mexicano, Práxedis Gilberto Guerrero, “La pasividad y la mansedumbre no implican bondad, así como la rebeldía no significa salvajismo (...) La justicia no se compra ni se pide de limosna; donde no existe, se hace”
Las fotos son de Sebastián Hacher
ACTUALIDAD: Rechazo a las medidas de la UE para expulsar inmigrantes
De La Carta 275 del 01/07/08 - Mesa de Articulación, info@mesadearticulacion.org
La MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de América Latina y el Caribe, expresa su más enérgico rechazo a la aprobación de la “Directiva del Parlamento Europeo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”. Los mismos euro parlamentarios que han reducido su ayuda a la cooperación este año respecto a la del año anterior, impidiendo a los países del Tercer Mundo cumplir con los Objetivos del Milenio, son los que ahora han aprobado esta “Directiva de la vergüenza”.
Esta resolución legislativa de la Unión Europea permite detener hasta por 18 meses a los inmigrantes no documentados y les prohíbe por 5 años volver a Europa luego de ser expulsados por ese motivo. La norma permite que sean las autoridades administrativas las que dictaminen órdenes provisionales de internamiento de inmigrantes ilegales por períodos de hasta 72 horas y que los menores de 18 años, sin ser acompañados de sus padres, puedan ser también expulsados y retenidos. Respecto a las condiciones en que permanecerán los extranjeros en espera de la repatriación, la directiva señala: "en los casos en que un Estado miembro no pueda proporcionar alojamiento en un centro de internamiento especializado y tenga que recurrir a un centro penitenciario, los nacionales de terceros países sujetos al internamiento estarán separados de los presos ordinarios".
De esta forma Europa ha dado los primeros pasos en la instauración del delito de inmigración no documentada, sancionado con penas de presidio. Por este motivo esta directiva estigmatiza a las personas inmigrantes y les transforma en delincuentes que deben ser excluidos. Impone una lógica basada en la discriminación sistemática de seres humanos cuyo único delito es intentar escapar de la pobreza y buscar una vida digna para sus familias.
Esta nueva legislación migratoria incumple las obligaciones internacionales a las cuales están obligados los Estados miembros de la Unión Europea, entre otras la Convención de Ginebra de 1951 referida a los solicitantes de asilo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la propia Convención Europea de Derechos Humanos.
Es llamativo que esta directiva sea incoherente con los acuerdos de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe y la UE, celebrada en mayo de este año en Lima. En dicha ocasión ambas regiones manifestaron su voluntad de desarrollar un diálogo político basado en un enfoque comprensivo de la migración regular e irregular, y que comprenda los vínculos entre migración y desarrollo. La misma inconsistencia muestra esta directiva en relación a documentos de la propia UE, como por ejemplo las comunicaciones de la Comisión Europea sobre “el nexo entre migración y desarrollo” y el “Programa de La Haya”, adoptado por el Consejo Europeo de noviembre de 2004 que expresamente solicitó el establecimiento de normas comunes para las personas que vayan a ser repatriadas, de manera humana y respetando plenamente sus derechos humanos y su dignidad.
Esta Directiva se aprueba, paradógicamente, en el año en que se conmemora el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por este motivo, las Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de América Latina y el Caribe exigen a la Unión Europea adecuar su legislación migratoria de manera que garantice la observancia y protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales, garantizando su universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
Lo que sigue es un ampliado del CePaDeHu, para reflexionar
La MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de América Latina y el Caribe, expresa su más enérgico rechazo a la aprobación de la “Directiva del Parlamento Europeo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”. Los mismos euro parlamentarios que han reducido su ayuda a la cooperación este año respecto a la del año anterior, impidiendo a los países del Tercer Mundo cumplir con los Objetivos del Milenio, son los que ahora han aprobado esta “Directiva de la vergüenza”.
Esta resolución legislativa de la Unión Europea permite detener hasta por 18 meses a los inmigrantes no documentados y les prohíbe por 5 años volver a Europa luego de ser expulsados por ese motivo. La norma permite que sean las autoridades administrativas las que dictaminen órdenes provisionales de internamiento de inmigrantes ilegales por períodos de hasta 72 horas y que los menores de 18 años, sin ser acompañados de sus padres, puedan ser también expulsados y retenidos. Respecto a las condiciones en que permanecerán los extranjeros en espera de la repatriación, la directiva señala: "en los casos en que un Estado miembro no pueda proporcionar alojamiento en un centro de internamiento especializado y tenga que recurrir a un centro penitenciario, los nacionales de terceros países sujetos al internamiento estarán separados de los presos ordinarios".
De esta forma Europa ha dado los primeros pasos en la instauración del delito de inmigración no documentada, sancionado con penas de presidio. Por este motivo esta directiva estigmatiza a las personas inmigrantes y les transforma en delincuentes que deben ser excluidos. Impone una lógica basada en la discriminación sistemática de seres humanos cuyo único delito es intentar escapar de la pobreza y buscar una vida digna para sus familias.
Esta nueva legislación migratoria incumple las obligaciones internacionales a las cuales están obligados los Estados miembros de la Unión Europea, entre otras la Convención de Ginebra de 1951 referida a los solicitantes de asilo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la propia Convención Europea de Derechos Humanos.
Es llamativo que esta directiva sea incoherente con los acuerdos de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe y la UE, celebrada en mayo de este año en Lima. En dicha ocasión ambas regiones manifestaron su voluntad de desarrollar un diálogo político basado en un enfoque comprensivo de la migración regular e irregular, y que comprenda los vínculos entre migración y desarrollo. La misma inconsistencia muestra esta directiva en relación a documentos de la propia UE, como por ejemplo las comunicaciones de la Comisión Europea sobre “el nexo entre migración y desarrollo” y el “Programa de La Haya”, adoptado por el Consejo Europeo de noviembre de 2004 que expresamente solicitó el establecimiento de normas comunes para las personas que vayan a ser repatriadas, de manera humana y respetando plenamente sus derechos humanos y su dignidad.
Esta Directiva se aprueba, paradógicamente, en el año en que se conmemora el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por este motivo, las Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de América Latina y el Caribe exigen a la Unión Europea adecuar su legislación migratoria de manera que garantice la observancia y protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales, garantizando su universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
Lo que sigue es un ampliado del CePaDeHu, para reflexionar
REACCION EN SUDAMERICA
RAFAEL CORREA: ES UNA VERGÜENZA El presidente del Ecuador, Rafael Correa, calificó de "una barbaridad" y "una vergüenza" que criminaliza la migración. Correa fue uno de los primeros mandatarios de Latinoamericana en reaccionar ante tal medida que afectaría a más de 3 millones de inmigrantes de ciudadanos pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones, que integran Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, según datos de la cancillería ecuatoriana. Criticó "el doble discurso, la doble moral de los países desarrollados". "¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca más la libre movilidad de mercancías, la inmediata movilidad de capitales pero criminaliza la movilidad de seres humanos?", preguntó.
BRASIL LAMENTA LA DECISIÓN
El Gobierno brasileño consideró una decisión que siembra "una percepción negativa de la migración". Un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que "Brasil, país que ha dado acogida a millones de inmigrantes y descendientes hoy integrados con armonía a la sociedad brasileña, lamenta una decisión que contribuye para crear una percepción negativa de la migración". La decisión, según la nota, "va en el sentido contrario de una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y de una más amplia y plena convivencia entre los pueblos". En los últimos meses, Brasil ha tenido problemas diplomáticos con España, Francia e Irlanda, entre otros países europeos, por el trato dado a las personas no aceptadas.
ARGENTINA: MIGRAR NO ES UN DELITO "El Gobierno argentino reitera, una vez más, que migrar no es un delito. Por lo tanto, rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal", dijo la Cancillería en un comunicado. En la nota, el Ejecutivo que preside Cristina Fernández reafirmó que la cuestión migratoria "solo podrá ser resuelta de manera eficaz si es abordada desde el punto de vista del respeto integral de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico y humano". Destacó que establecer "restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales".
Los principales puntos aprobados en la víspera
Retorno: Se establece un período de siete a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria. Se podrán tener en cuenta factores como la escolarización de niños para ampliarlo.
Retención: El período máximo se fija en seis meses que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros. La retención tendrá lugar cuando haya un riesgo de eludir una próxima expulsión y debe ser "lo más corta posible", en centros específicos (no en prisiones) y bajo supervisión judicial. Los menores y las familias con niños sólo podrán ser retenidos como último recurso y por el menor tiempo posible.
Prohibición de retorno a la UE: Los indocumentados que sean expulsados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en territorio comunitario. Ese período podrá ser aún mayor si la persona expulsada supone una amenaza grave para la seguridad.
Menores no acompañados: En el caso de los menores sin familiares, se debe tener en cuenta "el mejor interés" para ellos a la hora de decidir su expulsión. Para devolver un menor a su país debe hacerse a familiares, tutores o una institución adecuada.
Excepciones: Se permite otorgar permisos de residencia a los inmigrantes clandestinos por motivos humanitarios. Acuerdos Internacionales: Se destaca la necesidad de lograr acuerdos de readmisión con países terceros a fin de facilitar el retorno de los indocumentados.
Asistencia jurídica: La garantía de asistencia jurídica se dará en las mismas condiciones que actualmente se ofrece a los solicitantes de asilo. Este mecanismo prevé que la asistencia sea gratuita según estipulen las leyes nacionales.
Entrada en vigor: Está prevista para dos años después de su publicación en el diario oficial, lo significaría hacia comienzos de julio de 2010 si el Parlamento Europeo aprueba el texto sin enmiendas. El capítulo sobre asistencia jurídica gratuita tendrá un período adicional de tres años.
Retorno: Se establece un período de siete a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria. Se podrán tener en cuenta factores como la escolarización de niños para ampliarlo.
Retención: El período máximo se fija en seis meses que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros. La retención tendrá lugar cuando haya un riesgo de eludir una próxima expulsión y debe ser "lo más corta posible", en centros específicos (no en prisiones) y bajo supervisión judicial. Los menores y las familias con niños sólo podrán ser retenidos como último recurso y por el menor tiempo posible.
Prohibición de retorno a la UE: Los indocumentados que sean expulsados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en territorio comunitario. Ese período podrá ser aún mayor si la persona expulsada supone una amenaza grave para la seguridad.
Menores no acompañados: En el caso de los menores sin familiares, se debe tener en cuenta "el mejor interés" para ellos a la hora de decidir su expulsión. Para devolver un menor a su país debe hacerse a familiares, tutores o una institución adecuada.
Excepciones: Se permite otorgar permisos de residencia a los inmigrantes clandestinos por motivos humanitarios. Acuerdos Internacionales: Se destaca la necesidad de lograr acuerdos de readmisión con países terceros a fin de facilitar el retorno de los indocumentados.
Asistencia jurídica: La garantía de asistencia jurídica se dará en las mismas condiciones que actualmente se ofrece a los solicitantes de asilo. Este mecanismo prevé que la asistencia sea gratuita según estipulen las leyes nacionales.
Entrada en vigor: Está prevista para dos años después de su publicación en el diario oficial, lo significaría hacia comienzos de julio de 2010 si el Parlamento Europeo aprueba el texto sin enmiendas. El capítulo sobre asistencia jurídica gratuita tendrá un período adicional de tres años.
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