Del Boletín Informativo de CORREPI - Número 487 - 7 de julio de 2008.
Esta semana se difundió que un juez de Mar del Plata declaró inconstitucional un inciso de la ley que permite a la policía bonaerense detener personas en averiguación de antecedentes. Sin perjuicio de que algunos medios presentaron el asunto como si se hubiera puesto algún límite significativo a la represión estatal, no deja de ser interesante leer, por ejemplo, el diálogo entre el juez y la capitana María Alejandra Amaya, titular de la comisaría en cuestión, durante el juicio.
Página 12 lo transcribe así: El juez Tapia “primero determinó que el policía que detuvo a Lucas O. en su camioneta no tenía orden de detención sino de identificarlo. El juez preguntó qué pasaba cuando alguien tenía documento y cuando no lo tenía. “Si lo tiene, se controla en el sistema y si no tiene impedimentos se va de inmediato.” “¿Cuánto lleva el trámite?” “Dos o tres minutos.” “¿El accionante tenía DNI?”, preguntó el juez. “Sí, pero ese día se cayó el sistema”, respondió Amaya. “¿Qué pasa cuando se cae el sistema?” “Se lo lleva a la comisaría donde se averigua por vía informática.” “¿Por qué salió a las nueve de la noche?” “Porque se cayó el sistema informático del Ministerio”, aseguró Amaya. Tapia buscó respuestas en el propio Ministerio de Seguridad bonaerense y determinó que si se cae el sistema informático se arregla casi de inmediato; determinó que la averiguación de identidad y de antecedentes demora entre cinco y veinte minutos y comprobó que ese día el sistema no se había caído”.
La decisión judicial que se muestra periodísticamente como beneficiosa para la salud institucional, declarar la inconstitucionalidad de un inciso, es una aspirina para el cáncer cuando la detención por averiguación de antecedentes es una de las herramientas más efectivas para las detenciones de pibes pobres, y el vía libre para la tortura en todo el país, incluso ignorando, como lo hace la corte suprema, que desde la sentencia internacional en el caso Bulacio las contravenciones y AA deberían ser derogadas para que el estado argentino cumpla lo dispuesto por la Corte IDH.
Todos los días miles de jóvenes son víctimas de detenciones arbitrarias y alojados en celdas con presos comunes. Luego se decide si se los “blanquea” por AA o por una contravención que se inventa en la comisaría.
Como conclusión de todo este “despliegue judicial” marplatense, los policías están libres y simplemente investigados, por supuesto por sus propios compañeros de fuerza. Nada que no podamos esperar del poder judicial, una de cuyas tareas es limpiarle la cara, en mínima e inofensiva dosis, al estado represor del que forma parte. Toda una farsa para el pueblo que, a medida que toma conciencia de la realidad de un muerto cada 40 horas por el gatillo fácil y las torturas, debe organizarse y luchar contra la represión.
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