Publicado en el BOLETÍN INFORMATIVO de CORREPI - Número 478 - 4 de mayo de 2008.
Como una reedición del caso Gerez, esta semana hubo una nueva desaparición, esta vez en Zárate, de un militante kirchnerista. Juan Evaristo Puthod, presidente de la Casa de la Memoria de esa ciudad, fue secuestrado y liberado luego de 28 horas de cautiverio. Durante su secuestro, según declaró, permaneció atado en una cama y fue interrogado sobre un acto en el que a mediados de mayo se recordará a los militantes montoneros Cambiasso y Pereira Rossi, torturados y fusilados en 1983 cerca de Zárate con la participación de Luis Abelardo Patti.
Como no ocurriera con la desaparición de Jorge Julio López, desde el gobierno provincial se ordenó inmediatamente un enorme despliegue que contó con 250 policías, helicópteros y la presencia en esa localidad bonaerense del gobernador Scioli y su ministro de seguridad Carlos Stornelli, que idearon infructuosos operativos cerrojo y requisas de vehículos para buscar a Puthod, que apareció, horas más tarde, en una agencia de remises.
Esta vez – aunque sin cadena nacional de por medio-, la encargada de señalar como responsables directos de esta desaparición a los “resabios de la dictadura”, e indirectamente a Patti, fue la secretaria de derechos humanos de la provincia Sara Derotier de Cobacho, madrina política de Juan Puthod, sosteniendo así la tesis de que el secuestro es una respuesta a la “política de derechos humanos” llevada a cabo por este gobierno que, cooptando e institucionalizando militantes y organizaciones que hasta entonces formaron parte del campo popular se presenta, nuevamente, como el blanco de estos ataques al igual que en el caso Gerez.
En ocasión de la desaparición de Gerez (Boletín nº 408) sostuvimos que la amenaza, la intimidación, el ataque físico, llegando al grado extremo del secuestro y la tortura, es una metodología habitual del aparato represivo del estado usado contra los pobres no organizados y contra los militantes que no se dejan engañar con el discursito gubernamental de los derechos humanos, y que no es una metodología del terrorismo de estado que quiere volver, sino la metodología actual, cotidiana y creciente de un estado represor llevada a cabo por sus fuerzas de seguridad.
En septiembre del año pasado (Boletín nº 446), denunciábamos el secuestro y detención clandestina durante 24 horas de Nicolás Montecino en Neuquén, hecho que no trascendió en los medios a pesar de su gravedad y al que ningún funcionario le dedicó ni media palabra.
La gran difusión mediática que generó la desaparición de Puthod pareciera ser otro aporte a la confusión, planteándose el propio gobierno represor como víctima, generando cierto consenso por izquierda que, al igual que en el caso Gerez, pone esfuerzos en reclamar el esclarecimiento de lo sucedido en Zárate mientras se agudiza la persecución y represión a los trabajadores en lucha por un salario acorde a la escalada inflacionaria, las cotidianas torturas y asesinatos por gatillo fácil en las calles o en cárceles y comisarías.
Los medios, la capacidad operativa y tecnológica para secuestrar y desaparecer, y la posterior impunidad, es exclusiva del estado y sus aparatos represivos, sea colaborando, o participando directamente, y no de "resabios de la dictadura", como se plantea oficialmente. Como también lo es el monopolio de la violencia a través de sus fuerzas de seguridad hasta con los militantes kirchneristas que, repudiando a Patti, fueron reprimidos hace apenas un mes en San Martín por la policía de su gobierno “derecho y humano”.
Como una reedición del caso Gerez, esta semana hubo una nueva desaparición, esta vez en Zárate, de un militante kirchnerista. Juan Evaristo Puthod, presidente de la Casa de la Memoria de esa ciudad, fue secuestrado y liberado luego de 28 horas de cautiverio. Durante su secuestro, según declaró, permaneció atado en una cama y fue interrogado sobre un acto en el que a mediados de mayo se recordará a los militantes montoneros Cambiasso y Pereira Rossi, torturados y fusilados en 1983 cerca de Zárate con la participación de Luis Abelardo Patti.
Como no ocurriera con la desaparición de Jorge Julio López, desde el gobierno provincial se ordenó inmediatamente un enorme despliegue que contó con 250 policías, helicópteros y la presencia en esa localidad bonaerense del gobernador Scioli y su ministro de seguridad Carlos Stornelli, que idearon infructuosos operativos cerrojo y requisas de vehículos para buscar a Puthod, que apareció, horas más tarde, en una agencia de remises.
Esta vez – aunque sin cadena nacional de por medio-, la encargada de señalar como responsables directos de esta desaparición a los “resabios de la dictadura”, e indirectamente a Patti, fue la secretaria de derechos humanos de la provincia Sara Derotier de Cobacho, madrina política de Juan Puthod, sosteniendo así la tesis de que el secuestro es una respuesta a la “política de derechos humanos” llevada a cabo por este gobierno que, cooptando e institucionalizando militantes y organizaciones que hasta entonces formaron parte del campo popular se presenta, nuevamente, como el blanco de estos ataques al igual que en el caso Gerez.
En ocasión de la desaparición de Gerez (Boletín nº 408) sostuvimos que la amenaza, la intimidación, el ataque físico, llegando al grado extremo del secuestro y la tortura, es una metodología habitual del aparato represivo del estado usado contra los pobres no organizados y contra los militantes que no se dejan engañar con el discursito gubernamental de los derechos humanos, y que no es una metodología del terrorismo de estado que quiere volver, sino la metodología actual, cotidiana y creciente de un estado represor llevada a cabo por sus fuerzas de seguridad.
En septiembre del año pasado (Boletín nº 446), denunciábamos el secuestro y detención clandestina durante 24 horas de Nicolás Montecino en Neuquén, hecho que no trascendió en los medios a pesar de su gravedad y al que ningún funcionario le dedicó ni media palabra.
La gran difusión mediática que generó la desaparición de Puthod pareciera ser otro aporte a la confusión, planteándose el propio gobierno represor como víctima, generando cierto consenso por izquierda que, al igual que en el caso Gerez, pone esfuerzos en reclamar el esclarecimiento de lo sucedido en Zárate mientras se agudiza la persecución y represión a los trabajadores en lucha por un salario acorde a la escalada inflacionaria, las cotidianas torturas y asesinatos por gatillo fácil en las calles o en cárceles y comisarías.
Los medios, la capacidad operativa y tecnológica para secuestrar y desaparecer, y la posterior impunidad, es exclusiva del estado y sus aparatos represivos, sea colaborando, o participando directamente, y no de "resabios de la dictadura", como se plantea oficialmente. Como también lo es el monopolio de la violencia a través de sus fuerzas de seguridad hasta con los militantes kirchneristas que, repudiando a Patti, fueron reprimidos hace apenas un mes en San Martín por la policía de su gobierno “derecho y humano”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario