miércoles, 30 de abril de 2008

GUATEMALA: Un oficial y tres comisionados militares acusados de violaciones a derechos humanos


El Grupo de Apoyo Mutuo -GAM- actualmente promueve junto a la Procuraduría de Derechos Humanos, el primer caso en donde se encuentran implicados un oficial del ejército y tres comisionados militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos, el 19 de octubre de 1981 en la aldea El Jute Chiquimula, Chiquimula.

La investigación nace de la necesidad de justicia que tienen los familiares directos de las víctimas, quienes después de más de un cuarto de siglo transcurrido buscan la efectiva investigación y resolución del mismo. Este se considera un caso sumamente importante, debido a que es el primero en que se formaliza una acusación en contra de un oficial del ejército y tres comisionados por cometer múltiples violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, violaciones y la desaparición forzada de los señores Jacobo Crisóstomo Chegüen, Miguel Ángel Chegüen Crisóstomo, Raúl Chegüen, Inocente Gallardo, Antolín Gallardo Rivera, Valentín Gallardo Rivera y Santiago Gallardo Rivera.
Las demandas expuestas se sustentan con la importancia que tiene el caso a nivel nacional e internacional por el contexto en que ocurrieron los hechos, como lo fue el enfrentamiento armado interno, acciones que se convirtieron en dolor y sufrimiento para la población guatemalteca, en su mayoría para las comunidades del interior, en donde de acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico la participación del ejército en violaciones a derechos humanos fue en un porcentaje devastador.


Por ello, el enjuiciamiento del primer oficial del ejército en Guatemala se traduce en un impacto positivo en la sociedad, por el tiempo que ha transcurrido y que se ha transformado a lo largo de los años como impunidad en nuestro país. De tal forma, que esto permitirá la apertura de espacios de justicia y conocimiento de la verdad en donde las autoridades involucradas; Ministerio Público, Gobierno y Tribunales de Justicia deben tomar el papel garante que le corresponde a fin de lograr determinar efectivamente sobre la responsabilidad de los implicados y con ello se de respuesta a tantas interrogantes que persisten en los guatemaltecos y guatemaltecas, sobre qué ocurrió con sus familiares, quiénes fueron sus posibles agresores y las consecuencias penales correspondientes.

Ahora con la apertura de juicio, se tiene gran interés por ser un logro significativo, sin embargo los testigos y familiares de las víctimas han sido objeto de constantes amenazas e intimidaciones, en quienes persiste el temor por su seguridad y la de sus familias. Por lo que, -GAM- solicita a la comunidad nacional e internacional estar pendientes del desarrollo del proceso así como el respaldo y cooperación de las instancias estatales involucradas, responsabilizándolas de la seguridad integral que amerita el caso; es decir, el resguardo de los testigos, familiares, investigadores, colaboradores, así como de la documentación, pruebas ofrecidas y del proceso en sí a fin de garantizar la legalidad del mismo.


DISPUESTOS A TODO MENOS A OLVIDARTE,
Grupo de Apoyo Mutuo Presente!