En el día de la fecha, el Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos presento una carta dirigida al Presidente Álvaro Uribe Vélez en la Embajada de Colombia en Buenos Aires. La misma fue recibida por el embajador Jaime Bermúdez Merizalde.
La reunión con el embajador Jaime Bermúdez Merizalde, es una acción coordinada por las organizaciones sociales integrantes de la Red Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del CEAAL. La iniciativa surgió a partir de las amenazas y hostigamientos que están recibiendo las organizaciones sociales, especialmente las de derechos humanos.
La reunión, que duro poco más de 30 minutos, se llevo a cabo en la sede de la Embajada Colombiana en Buenos Aires. De la que participaron Patricio A. Cabezas miembro del CePaDeHu y Gavin Sullivan, periodista que ha trabajado por 5 años en Colombia.
El embajador Jaime Bermúdez Merizalde se ha comprometido a dar una respuesta a la carta y espera del CePaDeHu una lista ampliada de los casos que merecen nuestra preocupación.
A continuación la carta presentada.
CARTA PÚBLICA
Buenos Aires, 21 de abril de 2008.
El embajador Jaime Bermúdez Merizalde se ha comprometido a dar una respuesta a la carta y espera del CePaDeHu una lista ampliada de los casos que merecen nuestra preocupación.
A continuación la carta presentada.
CARTA PÚBLICA
Buenos Aires, 21 de abril de 2008.
Ciudadano
ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño — Bogotá
Presente.-
De nuestra consideración:
La Red Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos es una coalición de organizaciones civiles sin fines de lucro, cuya misión es promover una cultura de respeto por los derechos humanos, la paz y la democracia en América Latina. Dicha red forma parte del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) y está integrada por organizaciones sociales de la inmensa mayoría de los países de América Latina y el Caribe.
Por este medio, queremos manifestar a usted nuestra altísima preocupación por la reciente serie de amenazas y hostigamientos que están sufriendo organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia. El pasado miércoles 12 de marzo empezaron a circular en apartados sectores de Ciudad Bolívar y los Altos de Cazucá hojas amenazantes con siniestros dibujos y agresivos mensajes, destinados a anunciar que varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y algunos líderes sociales han sido declarados como objetivos militares. Los volantes aparecen avalados por dos expresiones armadas: Aguilas Negras presente y Bloque Metropolitano de Bogotá, y anuncian asesinatos y el seguimiento estrecho de sus actividades.
Los documentos fueron conocidos por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que inicialmente han constatado que no distan mucho de las advertencias formuladas por su Sistema de Alertas Tempranas, en el sentido de que grupos armados ilegales derivados de las autodefensas, a través de correos electrónicos con mensajes intimidatorios, panfletos y hurtos de información, idearon el propósito de crear un ambiente de incertidumbre, miedo e indefensión entre algunas personas y comunidades, y ahora están pasando de las amenazas a los hechos. Los mensajes implican a diversas organizaciones sociales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, que actualmente labora en protección de comunidades en zonas vulnerables, y la Corporación Reiniciar, que impulsa en la Comisión Interamericana el proceso contra el Estado por el exterminio de la Unión Patriótica. De igual modo, las amenazas, que han venido orientándose de manera específica vía internet, incluyen a las organizaciones Fundip, Asipron, Andas, Asodego, Fenacoa, Asomujer, y especialmente a quienes promovieron la marcha del 6 de marzo en rechazo al paramilitarismo, los crímenes de Estado y la parapolítica.
En el marco del debido respeto a los derechos humanos, tarea indelegable de todo Estado democrático a través de sus instituciones, solicitamos a usted lo siguiente:
1. Realizar todas las labores necesarias, tendientes a investigar de manera expedita estas amenazas y dar con sus autores intelectuales y materiales, para presentarlos y denunciarlos ante la justicia Colombiana.
2. Garantizar la seguridad e integridad de quienes forman parte de estas organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que han sido amenazadas, así como de sus familias y colaboradores.
3. Garantizar igualmente el libre ejercicio de sus labores a las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, quienes cumplen una labor fundamental desde el campo de la sociedad civil en pro de lograr la paz y la convivencia en un país herido profundamente por la división y la violencia en todas sus formas.
4. Asumir un compromiso público, claro y contundente en relación a los puntos antes mencionados, dando directrices claras a todos los organismos de seguridad pública bajo su cargo para que cumplan a cabalidad con la tarea de brindar protección a quienes se dedican a la tarea de la defensa y promoción de los derechos humanos en Colombia.
Desde toda América Latina, los defensores y defensoras de derechos humanos continuaremos dando seguimiento a esta situación y manifestando nuestra solidaridad y compromiso con la paz en Colombia y con aquellos que sinceramente trabajan por construirla.
Atentamente,
Diamantina López
Red Latinoamericana de Educación Para la Paz y los Derechos Humanos
Patricio A. Cabezas
Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos
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