CASO BULACIO: EL VICTIMARIO QUIERE HACERSE LA VÍCTIMA

Del BOLETÍN INFORMATIVO-CORREPI del 12 de agosto de 2008.

El jueves 14 de agosto se celebrará, en Montevideo, una audiencia convocada por la Corte Interamericana de DDHH en la causa Bulacio, dentro del procedimiento de seguimiento del (in)cumplimiento de la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2003 contra el estado argentino.

En esa oportunidad, los representantes del estado deberán rendir cuentas sobre las dos cuestiones centrales ordenadas por el tribunal internacional que no han sido cumplidas: la sentencia contra el comisario Espósito en la causa penal interna, y la derogación de las normas que facultan a las policías argentinas a detener personas arbitrariamente, es decir, fuera de los dos supuestos autorizados por el Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución Nacional, el delito flagrante o la orden judicial.

Fiel a la política que el gobierno kirchnerista viene desarrollando, de enmascarar su carácter represor pintándose la cara de defensor de los DDHH, el ministro Aníbal Fernández estaría, al cierre de este Boletín, a punto de anunciar que el poder ejecutivo, seguramente a través de la siempre útil secretaría de DDHH, se propondría presentarse como querellante en la Causa Bulacio.

O sea, una dependencia del ministerio que dirige Aníbal Fernández se disfrazaría de "víctima" para intentar meterse en tal carácter en la causa en la que otra dependencia del mismo ministerio que dirige el mismo Fernández, la PFA, asesinó a un pibe de 17 años, extremo que, además, el propio estado reconoció al allanarse al planteo de los hechos en febrero de 2003, ante la Corte IDH, antes de las audiencias del juicio en Costa Rica. El comisario Miguel Ángel Espósito, único procesado por la detención y muerte de Walter, sigue siendo un dependiente más del mismo ministro, en su carácter de jefe retirado, ya que nunca fue exonerado de la policía federal.

Parece un dislate, pero no lo es. Es una nueva maniobra del "gobierno de los DDHH", en su línea histórica de usar el discurso de la defensa de los DDHH para violarlos a gusto y placer. Mientras jueces y camaristas siguen dilatando la causa penal, tolerando cada chicana de la defensa que los aleja de la incómoda obligación de dictar sentencia, el poder ejecutivo, dirección política del aparato represivo estatal, sigue matando un chico día por medio con el gatillo fácil, o como pasó con Walter, en cárceles y comisarías.

No es un policía, ni una fuerza indisciplinada, ni fuera de control: es un gobierno capaz de llegar al ridículo de "autoquerellarse" para intentar silenciar a los que señalamos su carácter represor, al servicio de los que más tienen, y contra el pueblo.