Del BOLETÍN INFORMATIVO de CORREPI - NÚMERO 508 - 3 de diciembre de 2008
El 18 marzo de 2001, Raúl Francisco García (20) fue torturado por tres suboficiales de la comisaría de Ranchitos, provincia de Tucumán.
De camino a su hogar, luego de salir de un baile, pasó frente de esta dependencia. Sin cruzar palabra alguna, los uniformados lo corrieron y comenzaron a golpearlo ferozmente, lo que derivó en una doble fractura de mandíbula y la perdida de varias piezas dentales. Luego de la paliza recibida, Raul García quedó semi inconsciente. Fue levantado por los tres agentes, llevado dentro de la comisaría y tirado en el interior de un calabozo.
Sin atención medica, ni aviso alguno a su familia de la detención, permaneció allí por aproximadamente tres horas, hasta que alrededor de la medianoche el cuñado de García recibió un llamado para ir a retirarlo. Lo obligaron a ingresar con el auto por la parte trasera de la seccional, sin permitirle el ingreso a la misma. Luego de unos minutos, dos policías sacaron el maltrecho cuerpo del muchacho a rastras y lo tiraron dentro del auto. Con heridas internas desencadenadas por la paliza recibida, García regreso a su domicilio.
Al día siguiente, el padre de García, al ver que su hijo sufría de agudos dolores, decidió trasladarlo hasta el Centro de Salud. Tras recibir atención médica, radicó una denuncia en la sede regional este en Lastenia.
El, en ese momento, fiscal de instrucción, Dr. Hector Musi, luego de analizar la causa decidió, como de costumbre, que las torturas llevadas a cabo por los uniformados Néstor Alderete, Hector Rufino Avila y Hugo Reguera no merecían una condena y pidió su sobreseimiento. Lo insólito fue que el juez de instrucción, Dr. Alfonso Zottoli, no pensó lo mismo. Según su dictamen, a los imputados debía acusárseles del delito de lesiones gravísimas. Ante estas dos posturas contradictorias, intervino el fiscal de cámara, Dr. Juárez, quien hizo lugar a la petición del Dr. Zottoli. Los policías fueron procesados y pasados a disponibilidad.
Luego de siete años de espera, los jueces de la sala l de la Cámara Penal dictaron un fallo poco frecuente. Decidieron, por primera vez en la historia de esta provincia, condenar a los tres agentes por torturas. El fallo dictó una condena de ejecución efectiva, pero al no estar firme la sentencia, los policías -vaya novedad- siguen en libertad.
Nuevamente vemos como la justicia, aun cuando por las particularidades del caso cierre una puerta, siempre les abre una ventana a los perros guardianes del estado, facilitándoles la posibilidad de arreglar todos sus asuntos pendientes antes de fugarse, como estamos cansados de verlo sin que nadie se agite por la inseguridad de tener torturadores condenados sueltos en la calle.
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