Del BOLETÍN INFORMATIVO de CORREPI NRO 514 - 10 de marzo de 2009
El asesinato de un decorador, empleado de una conocida estrella de la TV, en circunstancias que apuntan a cuestiones personales, ya que los homicidas (uno de ellos empleado de vigilancia privada) fueron invitados por la propia víctima a pasar un día en su pileta, fue la excusa de turno para una nueva oleada de voces altisonantes que piden más dureza en las leyes, más rigor en su aplicación, y, ya que estamos, la pena de muerte.
Con la misma velocidad que muchos se “olvidaron” quiénes secuestraron a Leonardo Bergara, con quiénes tenían vínculos económicos y políticos los narcos de la efedrina, o quién manejaba el auto con 238 kilos de cocaína detenido por casualidad en Salta, por mencionar sólo tres ejemplos de flagrante participación criminal del aparato represivo estatal, se difundió este “nuevo” debate sobre la “inseguridad” y la pena de muerte.
Pero estas campañas de “ley y orden” al estilo far west no son nuevas. Son recurrentes, cíclicas y necesarias, sobre todo en ciertas circunstancias.
Hace más de 10 años, cuando a raíz del asesinato de un cabo en un asalto a un banco se comenzó a instalar lo que hoy llamamos “el problema de la inseguridad”, con titulares como "delincuentes... cada vez más jóvenes", "crece la violencia", "olas de asaltos", "matar por matar" y el latiguillo dilecto "Inseguridad", CORREPI, analizando el fenómeno, escribió:
…La necesidad de nuevos ajustes ante los tembladerales del capitalismo mundial requiere un estado represivo legitimado, sin ningún tipo de cuestionamiento. (…) En un momento de profunda crisis económica mundial, con previsiones de graves repercusiones recesivas y de parálisis industrial y laboral, no puede soslayarse que se perderán cientos de miles de puestos de trabajo. El aparato de seguridad, previa legitimación, con el pretexto del combate al delito, necesita construir un enemigo y estar mejor equipado, mejor entrenado, y por sobre todas las cosas, tener asegurada la impunidad. Es obvio entonces que necesiten legislación más represiva, jueces más cómplices y medios que inculquen que hay ladrones y que hay que matarlos.
…La enardecida y excitada sensación de falta de seguridad encarnada desde el autoritarismo desató una suerte de terror social en las clases medias con el pretexto de un auge de los delitos contra la propiedad, obteniendo consenso para facilitar el control social y la represión. Esta intención, dirigida a lograr la convicción de las clases medias de que cualquiera proveniente de sectores sociales bajos es un enemigo y merece ser eliminado, también está encaminada a los pobres para lograr imponer la desconfianza entre pares.
…Al asimilar la “seguridad” de la población al problema del “delito”, se perpetra un doble fraude político-ideológico. Por un lado se pretende secundarizar y relativizar un conjunto de demandas populares –trabajo, vivienda, salud, educación- que los rumbos actuales de la economía impiden satisfacer. Al mismo tiempo, al manipular la opinión de millones para que pongamos en el centro de nuestras preocupaciones y demandas el “problema de la delincuencia”, se orienta el reclamo popular hacia cuestiones en las que los gerentes de la Argentina globalizada son expertos en “solucionar”: más cárceles, menos derechos humanos, más pena de muerte, menos garantías, millones de pobres bajo sospecha. (“Inseguridad ciudadana o (in)seguridad del régimen”, CORREPI, septiembre de 1998).
Nada nuevo bajo el sol. Cuando el capitalismo está en crisis, y ve que crece el conflicto social, sabe que tendrá que reprimir para defender los intereses de la burguesía. Entonces, además de alistar su aparato represivo, tiene que darle legitimación. Tiene que crear consenso para el gatillo fácil, para la tortura y las detenciones arbitrarias, a través del endurecimiento del sistema penal, de la baja de la edad de imputabilidad o, mejor aún, del pedido explícito de pena de muerte... Y para eso, ¿quién mejor que la rubia diva del teléfono?.
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